Europa da un toque de atención a España por los casos de corrupción: Caso Lezo. Caso Púnica. Caso Gürtel. Caso Taula. Caso Bárcenas. Caso Pujol. El informe de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO para España, centrar la atención en la aplicación de las medidas adoptadas en España, relativa a la financiación de los partidos políticos, la publicidad patrimonial y los conflictos de interés.
El gobierno de Rajoy, para el Consejo de Europa, no ha diseñado estrategias preventivas específicas en niveles de la Administración, ni tampoco existe una estrategia preventiva compartida entre ellos para combatir los casos de corrupción a escala local y autonómica.
En especial, cita la ausencia de legislación para proteger a los denunciantes, el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la inexistencia de normas que regulen las actividades de los grupos de presión.
El Consejo de Europa critica los prolongados procedimientos judiciales en los asuntos de corrupción. Para Europa, Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2015 por el gobierno de mayoría absoluta de Rajoy, podría conllevar impunidad en los asuntos complejos de corrupción en los que los plazos fijados fueran insuficientes para instruir las causas.
El informe de la Comisión es más de lo mismo. Alaba las políticas de reformas de Mariano Rajoy, como la Reforma Laboral y la moderación salarial. Ensalza las políticas de refuerzo del apoyo individual a los desempleados de larga duración, y las medidas de apoyo a los jóvenes, en particular mediante una ampliación de los criterios de elegibilidad de la Garantía Juvenil. A pesar de las críticas de los sindicatos, por su ineficacia y por crear más desigualdades y trabajadores aún más pobres.
Por otra parte, critica el Consejo de Europa, la utilización generalizada de contratos temporales, asociados a un menor crecimiento de la productividad y a un empeoramiento de las condiciones de trabajo y un mayor riesgo de pobreza. Sin responsabilizarse de ello.
Europa critica las disparidades e ineficacia del sistema de protección por desempleo, en las competencias de las Comunidad Autonómicas y “en las condiciones de elegibilidad de los sistemas de renta mínima garantizada y en el vínculo entre activación y protección en función de los distintos sistemas y comunidades autónomas. Determinadas categorías de hogares vulnerables quedan fuera de los sistemas de renta mínima garantizada”. Y como causas de esta desprotección a “las diferentes condiciones de acceso y adecuación de los regímenes autonómicos de renta mínima y la fragmentación del sistema nacional de prestaciones en múltiples sistemas que se dirigen a distintas categorías de demandantes de empleo, gestionados por diversas administraciones”.
El Consejo de Europa recomienda a España para 2017 y 2018:
- Velar por el cumplimiento del déficit.
- Aumentar la eficiencia del gasto.
- Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas.
- Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido.
- Hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad.
- Aumentar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral.
- Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración.
- Velar por la implementación plena y oportuna de la Ley de garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y futura.
Esta mañana el ministro Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que la corrupción en España es algo que preocupa a la Unión Europea y ha defendido las medidas que el Gobierno está adoptando para combatirla, en declaraciones a su llegada al Consejo de ministros de Finanzas de la UE.
El ministro admitió que «En los considerandos se hace un análisis general de la situación. La corrupción es un tema que preocupa mucho, y especialmente preocupa mucho a la sociedad española y al propio Gobierno»
