Las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Salud han puesto en marcha el protocolo de coordinación sociosanitaria en la atención a personas con trastorno mental grave o drogodependencia, con la perspectiva de su implantación en un equipo base.
Este protocolo fue presentado recientemente en la jornada sobre coordinación sociosanitaria inaugurada por la directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al ciudadano, María Teresa Martínez Ros, y la directora de Familia y Políticas Sociales, Miriam Pérez. En el encuentro se explicó que el tratamiento de la enfermedad mental depende de la coordinación e intervención de los distintos recursos, sanitarios, sociales y psicosociales.
La atención integral de las personas con trastornos mentales graves implica abordar las consecuencias sociales, laborales, legales y educativas que deben ser consideradas componentes de la propia enfermedad. Además, hay que tener en cuenta la compleja realidad personal y social, objeto de atención por parte de los servicios de salud mental, en colaboración con todos los sectores y profesionales implicados.
La coordinación de todas las actuaciones y el trabajo en red implica en este contexto proporcionar prestaciones integradas, lo que permite maximizar la eficiencia y garantizar la continuidad de los cuidados, sobre la base de unos procedimientos centrados en los usuarios.
El nuevo protocolo permite conocer y analizar de forma precisa la situación actual de las personas que padecen trastorno mental grave, de los profesionales, servicios y recursos y poder realizar propuestas concretas que permitan una mejor coordinación y que facilitarán la atención integral de estos pacientes.
Según explicó Miriam Pérez, “es preciso avanzar un poco más para asegurar un modelo de coordinación estable que posibilite esa atención personalizada, que dé respuesta a las múltiples necesidades de estas personas. Esta es una de las líneas de trabajo que estamos poniendo en valor en la nueva Ley de Servicios Sociales: la necesidad de una coordinación estable entre los sistemas de protección social que trabajamos con las personas y colectivos sociales más vulnerables”.
El protocolo servirá para atender una de las demandas de las propias entidades que trabajan con enfermos mentales y drogodependientes, puesto que, en algunas ocasiones, existe una línea muy delgada de separación entre el ámbito de las prestaciones sociales y sanitarias.
Este encuentro sirvió para trabajar en un modelo de coordinación sociosanitaria común en el ámbito del trastorno mental grave y las drogodependencias en Región, que facilite el trabajo en red de los profesionales de los diferentes ámbitos institucionales, respete las particularidades de cada una de las áreas de Salud y permita coordinar los recursos y servicios existentes en ellas.
