Tal y como hemos contado en Diario16, por mucho que Juan Manuel Cendoya, director del departamento de comunicación del Santander, se empeñe, en lanzar campañas de imagen de su presidenta Ana Patricia Botín en Twitter y algunos medios de comunicación o campañas de publicidad sobre supuestos fondos de inversión «feministas», además de «publirreportajes» disfrazados de artículos sobre supuestas ayudas a las familias para el pago de hipotecas, ni su presidenta ni el Santander son feministas ni impulsan el desarrollo social, ni pretenden un crecimiento inclusivo, ni su modelo se rige por criterios éticos ni sociales, sino todo lo contrario, tal y como demuestran los hechos de las estadísticas de hipotecas de vivienda concedidas por el Santander en los Estados Unidos que contradicen esas campañas de publicidad del banco presidido por Ana Patricia Botín que, en realidad, no tienen otra finalidad que tratar de mitigar su riesgo reputacional.
La ley de divulgación de las hipotecas de vivienda (HMDA en su acrónimo en inglés) obliga a las instituciones financieras norteamericanas a facilitar información de la concesión de préstamos hipotecarios a los organismos supervisores. Del procesamiento de esa información se ha concluido en varios informes que el Santander es el banco de los Estados Unidos que menos hipotecas concede a los afroamericanos, los hispanos, las personas de ingresos bajos y a las mujeres, lo que le posiciona, comparativamente, como el banco más racista, clasista y sexista de Norteamérica.
Los estudios se centran fundamentalmente en poblaciones del noreste de los Estados Unidos (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Maryland, Connecticut, New Hampshire y Delaware), donde el Santander tiene su sede central (Boston) y se concentra la expansión del Santander, tras la compra del Sovereign Bank en 2009, donde tiene más de 700 sucursales y presta servicios a más de 2 millones de clientes generando ingresos por comisiones de más de 1.200 millones de dólares.
En los Estados Unidos, los bancos tienen prohibidas las prácticas discriminatorias como la «redlining», por la que rechazan los préstamos a residentes de bajos ingresos y comunidades de color (afroamericanos, hispanos, etc). Pese a ello, como demuestran los datos reportados a los supervisores, el Santander continúa segregando y excluyendo a las comunidades más desfavorecidas y utilizando prácticas crediticias claramente discriminatorias.
A tal nivel llegaron estas prácticas del Santander que el Ayuntamiento de la ciudad de Providence (Rhode Island) demandó al Santander en 2014 acusándolo de haber reducido, a partir de la adquisición del Sovereign Bank en 2009 hasta 2014, en un 60% los préstamos hipotecarios a afroamericanos e hispanos mientras los aumentaba en los vecindarios de blancos. La propia demanda llega a manifestar que el banco despreciaba las leyes de protección a los consumidores en Estados Unidos y en otros países en los que opera, hace referencia a su mala conducta corporativa en todo el mundo hasta el punto de relacionar diversos casos en Dallas, Missouri, Chile, México y España manifestando además de que en Inglaterra el Santander generaba más quejas y más baja satisfacción entre los clientes que ningún otro banco. Dicha demanda también manifestaba que el Santander había sido acusado repetidas veces de participar en prácticas ilegales y contrarias a los derechos de los consumidores.
De igual forma la división Santander Consumer USA ha sido investigada por el Departamento de Justicia norteamericano por condiciones abusivas en préstamos concedidos a personas de color para la adquisición de vehículos. Por esta razón demandado en noviembre de 2017 por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) por cobrar de más a los clientes en los préstamos para compra de coches. También el Santander USA ha tenido que pagar diversas sanciones por sus prácticas hipotecarias y de ejecución de préstamos:
- Más de 16 millones de dólares, en 2013, por prácticas deficientes en el servicio y el procesamiento de hipotecas, comisiones indebidas, denegación errónea de la modificación y el escándalo “robo-signing” de apresurada e improcedente aprobación de numerosas ejecuciones hipotecarias,
- Más de 9 millones de dólares, en 2015, por mala práctica en la recuperación de vehículos por préstamos impagados, y
- Más de 22 millones dólares, en 2017, por la titulización y venta de paquetes de préstamos basura “subprime” para la adquisición de vehículos (es decir la misma práctica que dio lugar a la crisis de las hipotecas basura de 2007, pero en este caso con los préstamos para la adquisición de vehículos)
Pero volviendo a las prácticas presuntamente racistas, sexistas y clasistas del Santander en la concesión de préstamos hipotecarios, las cifras y los hechos son concluyentes, ya que, pese a la demanda del municipio de Providence, estas estrategias continuaron e, incluso, aumentaron coincidiendo con la llegada de Ana Patricia Botín a la presidencia del Santander en el año 2014, lo que deja en entredicho el supuesto feminismo, talante inclusivo y criterios éticos y sociales del Santander y su presidenta.
Algunos de los hechos objetivos y datos concluyentes de los informes a los que nos referimos son los siguientes:
En 2014, el Santander negó préstamos hipotecarios a más del 26% de los solicitantes de color, en comparación con la media de los restantes bancos en las mismas ubicaciones que sólo rechazaron el 17%. También en 2014, el Santander negó una hipoteca al 30% de los solicitantes de bajos ingresos, mientras que la media de otros bancos fue de sólo un 18%.
Los casos más significativos de discriminación racial, sexista y clasista del Santander se produjeron en Filadelfia, Hartford, Worcester y Candem.
- En Filadelfia (Pensilvania), en 2015, el Santander rechazó el 32% de los préstamos solicitados por mujeres cuando la media de los otros bancos fue de sólo el 11%, un 21% más alta en denegación del Santander de préstamos a mujeres respecto de los restantes bancos de la zona, lo que demuestra una evidente discriminación sexista. Ese mismo año, en comunidades de bajos ingresos, el Santander negó el 37% de las solicitudes de préstamos hipotecarios, en comparación con el 15% de media de los otros bancos; denegó el 33% de las solicitudes de personas de color por el 16% de la media de los restantes bancos. La denegación de solicitudes de afroamericanos se incrementó del 26% en 2014 al 53% en 2015.
- En Worcester (Massachusetts), en 2015, en comunidades de color, el Santander denegó el 40% de las solicitudes, el doble que la media de los otros bancos que fue del 19%. Respecto a los latinos fue un 29% superior a la media del resto de bancos.
- En Hartford (Connecticut), en 2015, el Santander por cada solicitud de blanco denegada rechazó 4 solicitudes de latinos. La denegación de préstamos por el Santander a comunidades de bajos ingresos y de color se incrementó de 2014 a 2015 y el porcentaje de denegación del Santander duplicó el de la media de los restantes bancos. Del mismo modo, el Santander denegó en 2014 y 2015 un 15% y un 17% más de préstamos a mujeres que la media de los otros bancos.
- En Camden (New Jersey), en 2014 y 2015, el Santander por cada préstamo denegado a un blanco, negó 3 solicitudes de afroamericanos. En 2015 el Santander negó un 21% más de solicitudes de latinos que la media de los restantes bancos.
Todos estos datos dan mucho que pensar en cuanto al trato claramente discriminatorio que reciben los latinos del Santander USA, sobre todo cuando la contribución al beneficio ordinario atribuido al grupo Santander proviene en un 44% de países latinoamericanos como Brasil 26%, México 7%, Chile 6%, Argentina 4%, Puerto Rico y otros 1%.
En definitiva, los hechos, las cifras y las sanciones recibidas por el banco presidido por Ana Patricia Botín en Estados Unidos llevan a la conclusión de que utiliza malas prácticas de comercialización y concesión de hipotecas con criterios presuntamente racistas, sexistas y clasistas, lo que demuestra que todo lo manifestado por su presidenta Ana Patricia Botín y su departamento de comunicación es falso.
¿Es esta la forma del Santander de contribuir al progreso inclusivo, de impulsar el desarrollo social? ¿Son estos sus modelos de sostenibilidad y sus criterios éticos y sociales para conseguir el tan publicitado banco «Sencillo, Personal y Justo»?
Son inútiles todos los millones que Ana Patricia Botín, Juan Manuel Cendoya y todo su departamento de comunicación invierten anualmente en publicidad y financiación de los medios, para contrarrestar el riesgo reputacional que crean conductas que van en contra de la más pura ética y respeto de los derechos humanos.
