Preocupado como estaba por la búsqueda de un entrenador «con flor», o algo parecido, para su Real Madrid, seguramente Florentino Pérez no habrá tenido tiempo de leer la entrevista que le han realizado a Bernardo Caal, un simple maestro de escuela rural-selvática, que ha sido condenado a siete años de prisión por protestar contra las operaciones de las empresas del presidente de ACS. ¿Qué puede llevar a un simple maestro a enfrentarse a una gran multinacional?: La devastación que sufre su pueblo por culpa del secado del río Cahabón en la región de Alta Verapaz en Guatemala. Un proyecto hidroeléctrico ha dejado sin recursos hídricos vitales a una ingente población de indígenas, de seres humanos, en la zona.
El presidente del gobierno guatemalteco Jimmy Morales, cómico de profesión, pero del mismo perfil ideológico que Jair Bolsonaro, ha permitido el encarcelamiento de Bernardo Caal porque el “progreso técnico” y los intereses de las clases adineradas pesan más que las irregularidades procesales. Primero el capitalismo, luego los derechos humanos. No nos damos cuenta, pero, poco a poco, en Guatemala o en Brasil, se desforesta, se esquilman recursos naturales vitales no sólo para las poblaciones indígenas allí asentadas, sino para todo el orbe. Por eso rara vez se comenta que han sido ya asesinados 21 jefes indígenas por las protestas contra la canalización del río realizada por Cobra, entre otras empresas, filial del grupo ACS de Florentino Pérez.
Al canalizar el río Cahabón para la construcción de una serie de represas y generar electricidad, ahora sólo circula agua a un 5%. Esto impide que los quekchí y los mayas que viven allí puedan dotarse del líquido elemento para lo más básico, beber y asearse. Son comunidades que viven en un entorno selvático, sin las comodidades de la casa de Florentino Pérez y a las que se está esquilmando de sus recursos en beneficio del capitalismo y las multinacionales.
Estas poblaciones, como viene sucediendo en el Petén, han sido expulsadas de sus lugares de origen debido a la tremenda guerra civil que asoló el país hasta 1996. Luego los distintos gobiernos no han sido mucho menos violentos, ni más respetuosos con los Derechos Humanos. De hecho, este mismo gobierno permite y acosa a indígenas de distintos lugares de Guatemala por motivos económicos. Son comunidades donde las personas viven con menos de dos euros al día y son completamente agrícolas. Por eso, la privación del agua mínima para su subsistencia ha generado las protestas.
No puede Florentino Pérez hacerse el no enterado de lo que sucede con los indígenas de la zona porque en 2.017 la ONG Alianza por la Solidaridad (ApS) le entregó en la sede de ACS 25.000 firmas para que dejase los proyectos Renace IV y V. Tal y como denuncian en la asociación, no se realizaron los mínimos estudios de impactos sociales, medioambientales y económicos, algo que fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, puesto que la empresa tiene residencia fiscal en la UE. Para mayor sonrojo del presidente Pérez, su empresa tiene firmado el Pacto Mundial que le compromete a respetar los Derechos Humanos y el medioambiente. También está acogido al Punto Nacional de Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE español establecido en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para favorecer la eficacia de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales en relación a la conducta empresarial responsable.
Desde ApS exponen que la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en relación a la explotación de los recursos naturales en su territorio es una exigencia que establece Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, en vigor en Guatemala desde el año 1996. Si bien la primera autorización definitiva para utilizar los bienes de dominio público para este proyecto tuvo lugar en año 2004, hasta el momento no se ha consultado a los pueblos indígenas. Estos hechos suponen una vulneración de la legislación internacional y nacional y un quebrantamiento de todos los acuerdos firmados, además de situar la ética empresarial que dice defender Pérez en lo amoral.
Treinta kilómetros de río han desaparecido, con todo el impacto ambiental y humano que supone. En temas humanos no hay que ir muy lejos para ver cómo el presidente de ACS se mostraba partidario de construir el muro de la vergüenza entre México y EEUU. Pérez tiene claro que allí donde pueda sacar un euro el resto no importa, así se acabe con la selva o con el planeta.
