El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley reguladora de la actividad del lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público instrumental, un texto que garantiza la transparencia en la participación de los grupos de interés en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de proyectos normativos, todo ello de acuerdo con los principios de legalidad, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión pública.
Sitúa a los lobbies dentro de la administración colaborativa que el Gobierno del Botànic está impulsando y que se puede enmarcar en el concepto de buen gobierno, en un juego limpio que evita que los poderes públicos puedan favorecer a unos grupos de interés frente a otros poniendo freno a la cultura del amiguismo.
Cabe resaltar que no existe legislación de este tipo a nivel estatal y sólo tres autonomías la han desarrollado: Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón, siendo la valenciana la única que está tramitando una ley específica que regule el fenómeno de los lobbies.
Medio para trasladar posicionamientos y argumentos a los políticos
El lobbismo es un medio para que sectores de la sociedad trasladen sus posicionamientos, preocupaciones y argumentos a los representantes políticos y a las personas responsables de la administración pública, con la intención de influir legítimamente en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos.
El nuevo texto normativo considera actividad de lobby toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a las personas y organizaciones que, teniendo o no personalidad jurídica, y en nombre propio o de terceras partes, lleven a cabo la actividad de lobby. A su vez, afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.
Registro de Lobbies gratuito y obligatorio
El Registro de Lobbies viene a hacer efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés. Será de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio. De esta forma, se pone al alcance de la ciudadanía la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la administración.
En el registro se harán constar las actividades que desarrolla el lobby y se publicarán en el Portal de Transparencia de la Generalitat, como reuniones, audiencias y comunicaciones de todo tipo.
La inscripción en el registro supone beneficios, como poder presentarse como lobby inscrito en el registro delante de la Generalitat, lo que posibilitará la reunión o contacto con cargos de la administración o empleados del sector público; hacer constar su contribución en las consultas públicas en calidad de grupo de interés, lo que supone prestigio social; ser informado sobre actos y consultas públicas de la Generalitat y recibir información sobre la actividad formativa y de divulgación que, organizada por la Generalitat, pueda ser de su interés; favoreciendo así la igualdad de todos los lobbies; y mejorando, en definitiva, la calidad democrática.
La Conselleria de Transparencia elevará al Consell de forma anual un informe sobre la actividad y el funcionamiento del registro.
Código de conducta, “huella normativa” y negociación de normas
También se regula un código de conducta para los lobbies, además de sistemas de control y fiscalización de la información registral.
En cuanto al código, se trata de un mínimo de obligado cumplimiento, que puede ser completado con códigos de conducta más exigentes aprobados por los propios lobbies.
La “huella normativa” se refiere a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.
Por otro lado, se contempla la posibilidad de que ciertas normas, como anteproyectos de ley y decretos del Consell, puedan ser negociadas con los lobbies, sin que ello sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia, previstos en la normativa vigente. El resultado de esta negociación no será vinculante.
En cualquier caso, se trata de una nueva herramienta de participación, con la que se persigue mejorar la calidad de las normas, ahondar en las prácticas que definen el buen gobierno y facilitar la resolución de conflictos antes de la aprobación de las normas.
El último capítulo del anteproyecto recoge el régimen sancionador específico en materia de lobbies.
