En el caso de tres de las grandes adquisiciones que ha hecho el Santander, en España, para llegar a ser uno de los grupos bancarios más importantes del mundo, siempre se ha tratado, curiosamente, de entidades previamente intervenidas por el Gobierno y el regulador, Banco de España (BdE). Bancos pequeños, Banco de Murcia, medianos como Popular o grandes como Banesto.
Y en todos ellos el mismo desarrollo: Gobierno y el BdE intervienen una entidad, por unos u otros motivos y posteriormente se la cede, en una u otra forma al Santander que finalmente elimina la “marca” e incorpora esos activos a su grupo. Y en todos los casos que se exponen a continuación. Estos son los resultados de éxito tras intervenciones, expropiaciones gubernamentales.
RUMASA, comienza
El 23 de febrero de 1983 el Gobierno anunció la expropiación de Rumasa, Ruiz Mateos, S.A., “por razones de utilidad pública e interés social”. Miguel Boyer ostentaba la cartera de Hacienda en el Gobierno que entonces presidía Felipe González, cuya sombra también se apreciaba en el entorno de la intervención.
Las fichas bancarias del grupo de la abeja, cerca de treinta, fueron adjudicadas a otras entidades correspondiendo a Santander los bancos de Murcia y Comercial de Cataluña.
Comenzaba de esta forma para el banco de origen cántabro un proceso para la asunción del control de entidades financieras mediante procedimientos ajenos a los que dicta el mercado: negociación, precios, ofertas… El Gobierno hace el trabajo previo, interviene o expropia, y luego cede la ficha a un precio muy interesante para el adquiriente porque lo adquirido se encontraba en una “crítica situación”.
BANESTO, el trofeo mayor
No se trataba de una inocentada, la cosa era seria: el 28 de diciembre de 1993 Gobierno y BdE deciden intervenir el Banco Español de Crédito, Banesto para, entre otras cosas, “proteger los intereses de los depositantes”. Era su presidente en aquellos momentos, el polivalente Mario Conde, que acabó en la cárcel a donde volvería veinte y algún años después.
En ese momento Banesto, creado el 28 de enero de 1856, estaba entre las cinco entidades financieras de España, contaba con siete millones de clientes y medio millón de accionistas.
Un año después de todo esto, 1994, Santander adquiere el Español de Crédito y en 1999 lanza una OPA sobre la totalidad del capital llegando a controlar el 97,5% de las acciones.
Unos cuantos años después, 2012, Santander procedió a la absorción de las que todavía eran sus filiales, Banesto y su entidad de banca privada Banif, despareciendo dichas marcas para actuar bajo una sola bandera. Lo que ha ocurrido en todos los casos similares incluido el del Banco CentralHispano (BCH) o ahora el Popular que se encuentra ahora en pleno proceso de cambio de rótulos en las oficinas.
Una compra muy poco “popular”
Arruinar a más de 300.000 accionistas, la mayoría de ellos pymes, jubilados, familias y profesionales, y comenzar a despedir empleados son las consecuencias negativas de la intervención de Banco Popular por parte del Gobierno, el Banco de España y un extraño órgano europeo que se estrenaba en esta brillante operación. (Los experimentos con gaseosa).
El aspecto positivo, no para la parte social, es que el Grupo Santander se hacía con otro banco intervenido y en esta ocasión por un euro, la experiencia es lo que tiene.
Pese a ser solicitado reiteradamente tanto por los representantes de los afectados como por los tribunales incumbentes todavía no han visto la luz ni el informe del Mecanismo único europeo de resolución de entidades bancarias, (MUR) ni el que elaboró Delloitte que justificaban y recomendaban la acción incautadora.
