El día 16 de agosto de 2017 será una nueva fecha negra para la democracia española. En esa fecha se reunirá de manera extraordinaria un Consejo de Ministros que va a imponer a los trabajadores una solución que no cerrará de ningún modo la situación de los vigilantes de Eulen ni de miles de trabajadores que son víctimas de las condiciones precarias necesarias para que las empresas aumenten sus beneficios a costa de las condiciones laborales y salariales de sus empleados.
Uno de los pilares de cualquier democracia que se precie de serlo es el respeto a los derechos de la clase trabajadora, entre ellos, el de huelga, la única arma con la que poder reivindicar y conseguir mejoras, sobre todo en un momento histórico que cada vez más se parece a los primeros años de la Revolución Industrial o a la semiesclavitud de los Estados del Sur de los Estados Unidos tras la Guerra de Sucesión.
Íñigo de la Serna, incapaz de llegar a una solución, ha tirado por el camino más fácil: utilizar la legislación predemocrática para imponer una solución ajena a la negociación colectiva entre trabajadores y empresa. Imponer, exactamente lo mismo que se hacía en el franquismo.
La decisión que adopte el arbitraje es de obligado cumplimiento tanto para la empresa como para los trabajadores. En principio, esa elección tiene que venir de parte del acuerdo entre Eulen y sus empleados. Sin embargo, ya se cierra cualquier vía para que se retomen las negociaciones propias de una democracia seria. En caso de que la elección entre trabajadores y empresa se demorarara el Gobierno tiene la potestad de ir más allá en su comportamiento predemocrático e imponer a uno.
El Gobierno de Mariano Rajoy, junto a sus cómplices de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, ya recurrieron a la militarización del servicio de control de seguridad de El Prat, utilizando a la Guardia Civil como esquiroles, hecho éste que ha sido denunciado por la AUGC.
Las reacciones ante este comportamiento más propio de los años del Sindicato Vertical no se han hecho esperar. Diego Barragán, secretario de Acción Sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, ha denunciado que “El uso de las fuerzas de seguridad del estado para sustituir a los trabajadores y trabajadoras en Huelga nos hace ver, una vez más, que el actual Gobierno no tiene ningún respeto por las más básicas normas de relaciones laborales”. Por su parte, UGT, en un comunicado, “sitúa como actuaciones de un bajo perfil político las acontecidas en el conflicto del Prat donde el Ministro de Fomento ha camuflado en garantías de seguridad elementos como introducir a la Guardia Civil y el sometimiento a un laudo, con la única intención de desacreditar la imagen de los vigilantes en conflicto y forzar un acuerdo ante una crisis que en ningún momento el ejecutivo ha sido capaz de gestionar”.
