Todas las organizaciones sindicales han denunciado la reducción acumulada de alrededor de 4.000 empleados públicos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, poniéndose con ello en riesgo el mantenimiento de la actividad habitual de esta administración.
Una situación similar sufre la administración de Seguridad Social, que en los últimos años acumula una pérdida de 4.249 empleados públicos que prestan servicio en sus diferentes entidades gestoras y servicios comunes. Esta situación ha supuesto que entre julio de 2009 y el año 2016 los empleados públicos que mantienen el servicio público de Seguridad Social han disminuido un 13,73%, provocando con ello la necesidad de reordenar la red de centros de atención que se mantiene abierta para atender a los ciudadanos, o que se atiendan con personal desplazado algunos centros concentrados especialmente en zonas rurales, en las que ya no se dispone de personal suficiente.
Solo en el caso de la Seguridad Social está previsto que en los próximos cinco años alcancen la edad de jubilación el 19,31% de los actuales empleados públicos, cifra que alcanzará en los 5 años posteriores al 29,04%. De hecho, en febrero de 2017 trabajaban 24.837 personas en la Seguridad Social, de las que tan solo 781 tenían menos de 40 años.
Por su parte, en el Sistema Nacional de Salud, pese al acuerdo alcanzado para una Oferta de Empleo Público excepcional en marzo de este año, que va a suponer una evidente mejora en el empleo, sigue necesitando abordar la pérdida de 28.000 puestos de trabajo entre 2010 y 2016, así como el significativo impacto de la jubilación de miles de profesionales sanitarios en los próximos años.
La Oferta de Empleo Pública acordada en 2017 con las organizaciones sindicales es importante y va a permitir mejorar la calidad y estabilidad de centenares de miles de empleados públicos, corrigiendo además parcialmente la pérdida de plantilla que ya se ha producido. No obstante, el problema que en el corto y medio plazo origina la no reposición de efectivos en los últimos años y el envejecimiento que presentan sus actuales plantillas, exige actuaciones decididas en el corto y medio plazo.
Por eso es fundamental, tal y como reclaman las fuerzas sindicales, no solo de reponer las jubilaciones de empleados públicos que ya se han producido, sino una oferta de empleo público que permita reequilibrar y recuperar el mismo, así como reforzar la adecuación funcional de estos perfiles profesionales a las nuevas necesidades que plantea el acceso de los ciudadanos a estos servicios públicos.
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