El PSOE acusó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de estar prestando servicios a la dependencia “de bajo coste” asegurando, su diputada Consuelo Cano que el acuerdo que firmaron PP y Ciudadanos para incrementar en cien millones de euros “resulta inútil si no se modifican las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido, es decir, se crea una nueva expectativa para los dependientes y sus familias sin muchas garantías”.
“Una operación de maquillaje más de estos dos partidos –añade Cano- sin que abordemos la solución definitiva para llegar a cumplir una Ley que supuso un auténtico avance en los derechos sociales y que desde el PSOE seguimos reclamando su plena atención y cumplimiento”.
Asimismo, Consuelo Cano, que ha hecho estas declaraciones a raíz del último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha asegurado que este documento no deja lugar a dudas ya que, de los 320.000 dependientes en la eterna lista de espera, “hay también unos miles de murcianos, cerca de seis mil, que siguen esperando con su derecho reconocido y 1.765 a la espera de ser reconocidos”.
“Aunque la Consejería de Familia e Igualdad -ha recordado la diputada socialista- tras muchos años de auténtico parón, inició cierto movimiento con la incorporación de nuevos dependientes y cierta agilización de expedientes (durante años estuvieron doblando estanterías las peticiones de reconocimiento de dependencia y los tribunales dictaron sentencias durísimas contra el proceder de los Gobiernos del PP en Murcia) no consigue darle el impulso necesario y vuelve a ralentizarse”.
Cano ha señalado que “se necesitarían demasiados años para atender a nuestros dependientes de no conseguir una mejor financiación estatal, congelada desde el fatídico RD-Ley de 13 de julio 2012. Aunque el problema más acuciante es la gran cantidad de personas que están falleciendo sin tener la mínima atención que les corresponde, ya que en la Región ya son 1900 personas las que han desaparecido de la estadística en dos años”.
“El gran problema en el horizonte es la atención de bajo coste. La incorporación del Grado I, que por supuesto aplaudimos, no viene acompañada de mayor financiación y mejora de la red de prestaciones disponibles, como la Prevención y Promoción de la Autonomía, la teleasistencia (con un coste de 25 euros por mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (con 300 euros de media mensual y bajando)”, ha destacado la diputada socialista.
PP: “El PSOE miente”
La viceportavoz del PP en la Asamblea Regional, Isabel Mª Soler, no ha tardado en responder a estas declaraciones de Cano afirmando que los socialistas mienten “con el fin de sacar rédito político” sugiriendo a la diputada socialista que “se documente de forma adecuada antes de hacer manifestaciones”.
Según la diputada popular más de 22.000 personas mayores dependientes son atendidas por el Gobierno regional entre ayudas económicas y servicios.
La viceportavoz parlamentaria del PP ha señalado que la Región de Murcia es la octava comunidad autónomas con más personas atendidas respecto a la población total, “somos la cuarta comunidad con menor lista de espera en relación con el total de personas con derecho a la prestación”, ha añadido para subrayar que en los casos de dependencia Grado I y Grado II somos las tercera comunidad con más del 91% de cobertura.
Soler ha manifestado que la lista de esperar se ha reducido en 6.000 personas “además de ser la Región que más personas valora con grado de dependencia respecto a quienes lo solicitan con un porcentaje del 90,51%”.
La responsable popular ha incidido en que “la atención a las personas con discapacidad y mayores pendientes es un prioridad para el Gobierno de Fernando López Miras” destacando, entre las medidas puestas en marcha desde el inicio de la legislatura, “la eliminación del copago del 33% de la ayuda de tercera persona para los usuarios de centros de día con las pensiones más bajas, lo que beneficia a cerca de 1.000 personas y el decreto-Ley por el que se han modificado los requisitos de acceso a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del sistema de la dependencia, devolviendo el derecho a 1.305 personas dependientes”.
