Una nueva actuación de ocultación de datos en el caso de la Operación Chamartín. Opacidad que, pese a las noticias aparecidas en los medios de comunicación, da un halo de perversidad a todo lo que rodea al pelotazo urbanístico que hay detrás del acuerdo. En esta ocasión se ha impedido a las diputadas Sonia Farré y Eva García Sempere, autorizadas por el Congreso de los Diputados, más la diputada Sol Sánchez (recién llegada) y los concejales madrileños Carlos Sánchez Mato y Rommy Arce, analizar la documentación que obra en poder de Adif (o sea RENFE) sobre la Operación.
Así lo ha relatado García Sempere: “Esta mañana hemos estado en la sede de Adif para consultar la documentación sobre la #OperaciónChamartín tal y como se nos autorizó a Sonia Farré y a mí misma, por escrito, por parte de la cámara. Sin embargo, a pesar de esta autorización, no se nos ha permitido ver la documentación, impidiéndonos por tanto el ejercicio de nuestras funciones parlamentarias”. En efecto, los representantes de la soberanía popular tienen acceso, o deberían tenerlo pues no es un secreto oficial aunque lo parezca, a la documentación. Son parlamentarias que están haciendo uso de su función de control para que la ciudadanía no salga perjudicada.
Les han comentado que podrían responder a sus preguntas amablemente, pero como es evidente no es lo mismo y, además, tienen derecho a ver la documentación al ser una empresa pública. García Sempere lo explica perfectamente: “Agradecemos su oferta a responder verbalmente a nuestras consultas, pero entendemos que no es lo mismo ver los documentos que escuchar una interpretación de ellos y que una filtración en prensa no sustituye el derecho a la información de una empresa pública. Así que a la negativa a los vecinos a acceder a la información hay que sumarle que tampoco podemos hacerlo diputadas del congreso”.
Los vecinos, hay que recordar, mediante la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) interpuso un recurso contencioso administrativo, el pasado mes de diciembre, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que se sumó Ecologistas en Acción y que ha sido admitido a trámite. La acción judicial de los vecinos podría bloquear el proyecto estrella de cara a las próximas elecciones municipales del equipo de Gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena, quien en un principio se opuso a un plan que vio la luz en tiempos de Ana Botella y que finalmente lo ha terminado asumiendo como propio. Algo que ha sido decisivo para que el errejonismo-carmenismo no haya querido juntarse con IU y Anticapitalistas, pues la Operación Chamartín es intocable para la actual alcaldesa. “Hay que contar con las empresas” decía hace poco Carmena, pero también ser transparentes como reclaman las diputadas de izquierdas.
Como publicamos hace unas fechas, la clave del cambio de opinión de Carmena estuvo en los números. Y si a alguien le cuadraban las cuentas del proyecto Madrid Nuevo Norte era a ADIF, al BBVA y al Grupo San José. De hecho, tras el anuncio oficial de que el plan urbanístico había sido desbloqueado y empezaba a hacerse realidad, las acciones de Grupo San José (segundo accionista de DCN con un 25% por detrás de BBVA, que tiene el 75%) se dispararon en Bolsa y subieron un 8,5%. Según consta en el informe del Instituto por la Democracia y el Municipalismo, mientras que el plan original Madrid Puerta Norte, en principio mucho más sostenible, preveía un número máximo de 4.600 viviendas, Madrid Nuevo Norte aumentaría el volumen de casas hasta las 11.000, es decir, más del doble. Esta operación fue duramente criticada por Ecologistas en Acción en un comunicado de prensa, en el que alertó de que la edificabilidad se triplicaba con el nuevo proyecto: de 675.692 metros construidos se pasaría a 2,8 millones. Un pelotazo en toda regla para el poder financiero. Justo ese poder que controla algunos medios de comunicación que tan bien tratan a Carmena y Errejón ahora.
Una vez más el poder financiero parece tener bula para saltarse las leyes. Como ha escrito la concejala Arce en Twitter: “Nos hemos ido de vacío, la ley de transparencia es papel mojado cuando se trata de proteger los intereses de DCN (o sea de BBVA)”. Una muestra más de la acumulación por desposesión que explicó David Harvey en su libro Ciudades Rebeldes (Akal). Quitan terreno público a todas y todos para entregárselo a la clase dominante, especialmente la fracción financiera. Y en este caso con la adenda de que a unas representantes del pueblo español, ese que tanto tienen en la boca las élites políticas al servicio de quien ya sabemos, se les ha impedido ver documentación de una empresa pública. Isabel Pardo de Vera, colocada por el dedo de la ministra María José Montero, debería explicar se comete tamaña agresión a la ciudadanía.
