La variación anual de los precios en mayo, 1,9%, se desacelera siete décimas con respecto a la de abril. La escasa inflación estructural es un motivo de preocupación, pues se basa en la desaceleración de la demanda interna, lo que significa menos empleo y una reducción más lenta del paro. El crecimiento se mantiene alrededor del 3% gracias al aumento de la demanda externa, pero las mejoras con origen en el sector exterior se filtran poco al resto de la sociedad pues las exportaciones están muy concentradas y son poco intensivas en trabajo.
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) cae hasta el 2%, y recorta una décima su diferencia con el de la Eurozona (1,4% anual, cae medio punto). El IPCA subyacente (sin energía y alimentos frescos) se situaba en abril en el 1,2% interanual en España, igual que en la Eurozona y todavía muy por debajo del 2% referencia del Banco Central Europeo. La baja inflación y el débil crecimiento económico europeo justifican mantener la política monetaria expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que abandone las políticas de austeridad como objetivo prioritario, e impulse el crecimiento y el empleo, para reducir los 16,2 millones de desempleados de la Eurozona, de los que más de la cuarta parte reside en España.
El sindicato CCOO considera fundamental recuperar los durísimos efectos de la devaluación salarial mediante subidas salariales negociadas en 2017 que garanticen una mejora del poder adquisitivo; negociar los aspectos retributivos, de empleo y jornada de los empleados públicos, rectificando los recortes sufridos durante la crisis; impedir el aumento de la pobreza y la desigualdad garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, mejorando el SMI e implantando la renta mínima garantizada promovida por CCOO y UGT a través de una ILP presentada en el Congreso hace casi un año.
Asimismo, el sindicato rechaza las líneas principales de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que “cuadran” las cuentas públicas a costa de la pérdida de poder adquisitivo de empleados públicos y prestaciones sociales, y recortando en I+D+i o infraestructuras. El sindicato reclama una reforma fiscal que proporcione recursos suficientes, aproximando nuestra presión fiscal a la media europea.
