La Concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha informado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia «se está quedando, íntegramente, con la devolución de las ayudas concedidas por los terremotos de 2011, cuya mitad le corresponde al Estado».
Martín explicó que las ayudas concedidas al amparo del Decreto 68/2011, de 16 de mayo, estaban sufragadas al 50% por las administraciones estatal y autonómica (artículo 2). De hecho, cuando hace seis meses la CARM empezó a pedir la devolución de las ayudas a los afectados, les informó que la mitad de la cuantía a reintegrar pertenecía al Estado y la otra a la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, algunos afectados que han comenzado a devolver las ayudas mediante pago fraccionado, han recibido una carta de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia, en la que se refleja que la cantidad reintegrada se descuenta únicamente de la parte autonómica. Por ejemplo, en el caso de un vecino que debía devolver –a juicio de la CARM– 1.000 euros y que ya ha abonado, mediante autoliquidación, 500, la Administración autonómica considera saldada su “deuda” ya que ésta no ha repartido la devolución con la administración central, que sigue pendiente de pago.
Para Martín, esto demuestra que la CARM está movida únicamente por un afán recaudador para poder devolver el préstamo de 115 millones de euros que suscribió en 2012 con el ICO para conceder las ayudas, convirtiendo éstas en una suerte de préstamo a los damnificados que pretende cobrarse casi siete años después de los seísmos con importantes intereses de demora.
En ese sentido, ha exigido que se haga público el convenio, suscrito el 18 de mayo de 2011 por el entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, el que fuera ministro de Fomento, José Blanco, y el ex alcalde de Lorca, Francisco Jódar, por el que se instrumenta la gestión de las ayudas, de modo que los afectados sepan a quien están pagando cuando reintegran la subvención. “Igual que la CARM retuvo durante meses las ayudas a los afectados de los terremotos, ahora está demorando devolver al Estado su parte, lo que parece indicar que, mientras tanto, es Murcia quien se lucra de los rendimientos de un dinero que procede del sufrimiento de los vecinos”.
Por otra parte, la Concejala de IU-Verdes ha reclamado, una vez más, a la CARM, que respete la redacción del Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que los afectados tendrían dos vías distintas para justificar el empleo de las subvenciones y no tener así que devolverlas. La primera sería la presentación de las facturas de obra y, la segunda, -dado que muchos afectados no las conservan después de tantos años- la realización de un informe técnico que demuestre que las reparaciones están efectuadas. “Es muy fácil: un funcionario visita la casa, certifica que las obras se han hecho y se archiva el expediente. Sólo hay que tener voluntad política de hacerlo”, aseguró Martín.
