El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Lorca, Pedro Sosa, ha exigido la dimisión del Delegado del Gobierno en Murcia y del responsable político municipal de falsear un informe oficial para tratar de impedir que los afectados por la devolución de las ayudas del terremoto se concentren mañana en la plaza Calderón de la ciudad.
Sosa ha explicado que el ayuntamiento «incurrió en falsedad documental» en el informe que remitió a la Delegación del Gobierno, en el que afirmó que la concentración y el acto protocolario de entrega de honores y distinciones de la ciudad coincidían en el mismo lugar, cuando la primera era en la plaza Calderón y el segundo en el Teatro Guerra. Dicho informe sirvió de base para que Francisco Bernabé, Delegado del Gobierno, instase a los convocantes a trasladar la concentración a la plaza de Colón, e impedir así, que las autoridades regionales y locales tuvieran que escuchar la voz de los manifestantes.
La Concejala de IU-Verdes Lorca, en calidad de miembro del colectivo de afectados, se vio así obligada a presentar un recurso contencioso administrativo en defensa del derecho de reunión de los afectados. La Delegación tuvo que pedir un segundo informe al Ayuntamiento donde éste se retracta y reconoce que la concentración y el acto protocolario no iban a compartir un mismo espacio y, por tanto, finalmente se ha autorizado la protesta ciudadana en la plaza Calderón, por lo que Martín decidió retirar el recurso cuando las partes ya estaban citadas para una audiencia ante el juez.
El Portavoz de IU-Verdes manifestó que dentro de dos semanas “celebraremos el 39 aniversario de la Constitución Española” que reconoce derechos “que se vulneran cada día que amanece en Lorca, en la Región de Murcia, y en España”. Y recordó que son incontables las ocasiones en las que IU ha invocado la Carta Magna en defensa de los derechos de los lorquinos “mediante nuestra actividad política diaria y también a través de concentraciones o manifestaciones”. Sin embargo, en las últimas ocasiones tanto el gobierno local como la Delegación del Gobierno, ambos en manos del PP, “sólo han puesto reparos para el libre ejercicio de estos derechos”, se ha lamentado Sosa. “Unas veces a causa a la megafonía para convocar las manifestaciones, que sólo está prohibida en estos casos, no para anunciar partidos de fútbol o corridas de toros, otras en torno a la colocación de carteles (con multas incluidas) y ahora acerca de la ubicación elegida para ejercer el derecho a la manifestación y la reunión pacífica en la Plaza de Calderón”, ha expresado el portavoz de IU-Verdes.
Al respecto, Sosa ha recordado la frase pronunciada por Bernabé durante su toma de posesión y que evidencia la línea política que impondrá desde su cargo: “el que la hace, la paga”. “Pues bien, aquí, en este Ayuntamiento, ha habido alguien que ha mentido, que ha informado a la Delegación del gobierno en Murcia de manera torticera con el afán de impedir la concentración en la plaza de Calderón de las víctimas de la mala gestión en materia de ayudas públicas por el terremoto”, ha dicho.
Para el edil de IU, “los responsables de este abuso de poder y del ejercicio anormal de sus funciones políticas tienen que pagar un precio” porque “Lorca no merece un gobierno local que trata de sabotear el ejercicio del derecho constitucional de reunión reconocido en el art. 21 de la Constitución”. En ese sentido, también ha asegura que la Región no se merece un Delegado del Gobierno “que asuma sin más el informe del Ayuntamiento prohibiendo la concentración en el lugar elegido, para que después, cuando le llega la citación de un magistrado, le tiemblen las piernas y donde dijo digo ahora diga Diego”.
Por último, Sosa informó también que Gloria Martín, ha interpuesto una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Lorca como consecuencia de los gastos de representación legal en los que ha tenido que incurrir para defender los derechos constitucionales de los vecinos de Lorca afectados por la devolución de las ayudas. Unos gastos que han supuesto mil euros en el pago de honorarios a su abogado, y que se han producido como consecuencia de que el Ayuntamiento falseó un informe oficial, algo, que por cierto, está tipificado en el Código Penal como delito.
