Izquierda Unida ha formalizado en la Audiencia Nacional su último escrito de solicitud de diligencias de investigación en el caso de los ‘Papeles de Bárcenas’ sobre la presunta financiación irregular del PP. Tras las últimas revelaciones del ex-alcalde ‘popular’ de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como ‘El Albondiguilla’, esta formación solicita al magistrado instructor, José de la Mata, que llame a declarar como testigos, entre otros, al presidente del PP andaluz y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, y al diputado estatal José Antonio Bermúdez de Castro.
Izquierda Unida, personada en esta causa como acusación popular junto a otras asociaciones y grupos, hace en el texto dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional un relato pormenorizado de los datos apuntados ante el juez el pasado miércoles por ‘El Albondiguilla’.
El ex-alcalde del partido que ahora lidera Pablo Casado puso de manifiesto “cómo el investigado Francisco Correa le manifestó que en la estructura nacional del PP funcionaba hasta la pasada década una trama organizada cuya función era realizar llamadas y presiones a diferentes cargos públicos del PP de los diferentes territorios del Estado. En concreto, dicho grupo organizado para la actividad criminal relacionada con la financiación ilícita del Partido Popular estaría compuesto por los dirigentes populares Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Jesús Merino, Eduardo Galeote y Jesús Sepúlveda”.
“A su vez, el señor González Panero -recuerda IU en su escrito- manifestó como Luis Bárcenas le presionó en 2005 con ocasión de la adjudicación de un contrato para Constructora Hispánica por parte del Ayto. de Boadilla del Monte, realizando dos llamadas induciéndole al cohecho, siendo que entre ambas llamadas Francisco Correa le ofreció a González Panero ‘100 millones de pesetas’ (6 millones de euros) por adjudicar ilícitamente el contrato por el que Bárcenas también estaba presionado, deduciendo de forma racional el ex-alcalde que existía un concierto entre Bárcenas y Correa”. Además, el testigo relató cómo Bárcenas volvió a llamarle para que adjudicase una licitación a la empresa Begar.
‘El Albondiguilla’ relató también que a finales de 2006 o principios de 2007 le llamaron para reunirse en la sede nacional del PP de Génova 13 con Lapuerta y Bárcenas, donde le los responsables de las cuentas ‘populares’ le presionaron para que realizase en su ayuntamiento adjudicaciones en favor de las empresas Teconsa y Bruesa.
“Además de todo ello, también manifestó presiones para realizar adjudicaciones, entre otras empresas a OHL, por parte de los ex-presidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González o Esperanza Aguirre, o por parte de personas de su entorno”, se indica también.
El equipo jurídico de Izquierda Unida expone también en su solicitud de diligencias de investigación que Arturo González Panero “puso de manifiesto estos hechos, de indudable gravedad y repercusión penal, a diferentes personas, entre los que se encuentran el secretario del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Manuel Horrillo, el responsable de política local del PP en 2005, Juan Manuel Moreno Bonilla, su chófer del vehículo municipal, Ricardo Aguilar, a Miguel Ignacio González Sánchez Zorita (teniente alcalde de Boadilla), con quien habló expresamente del tema ‘sobres’, así como en 2009 al hoy diputado nacional del PP José Antonio Bermúdez de Castro”.
Distintas informaciones publicadas estos días recogen también que González Panero había asegurado en su declaración al juez José De la Mata que al tiempo que contaba a Moreno Bonilla las presiones de Bárcenas para que adjudicara obras, previamente el entonces máximo responsable del partido, Mariano Rajoy, le había dicho: ‘Alcalde, haz caso a Luis’, en referencia a Bárcenas.
Por todo ello, Izquierda Unida concreta en su escrito la práctica de las diligencias de prueba y solicita al juez instructor que, además de al líder del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla, y al diputado nacional José Antonio Bermúdez de Castro, llame también a declarar a los mencionados Manuel Horrillo, Ricardo Aguilar y Miguel Ignacio González Sánchez Zorita.
IU estima que esta es la mejor forma de aclarar la comisión de los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, en el marco de una “trama orquestada desde la sede de Génova 13 que utilizaba, o trataba de utilizar, los contactos que los dirigentes ‘populares’ implicados en la misma tenían en toda España con diferentes cargos públicos de todos los niveles de la administración, sea local, autonómica o central, presionando a los cargos públicos con el objeto de que facilitasen la adjudicación de contratos públicos a las empresas que venían pagando cantidades en efectivo al partido o que se hacían cargo de diversos gastos del PP, sean de campañas electorales u otra índole”.
