La Concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado nuevamente las dificultades de acceso de los vecinos de barrios y diputaciones a los servicios bancarios por el cierre masivo de sucursales. En La Viña, con más de 4.600 vecinos, pervive una única oficina (CajaMar) con un único cajero automático en el que habitualmente se producen largas colas. La situación es mucho peor en el Barrio de San Cristóbal y su área de influencia, donde sus más de 13.000 habitantes sólo cuentan con una oficina del Banco Sabadell (C/Mayor) y otra de Caja Murcia (Avenida de Europa). Numerosas pedanías no cuentan en estos momentos con ninguna sucursal, lo que supone un perjuicio evidente a miles de personas, especialmente gravoso para los ciudadanos del medio rural que presentan problemas de movilidad derivados de la edad o la enfermedad.
Según Martín, la red de sucursales de las entidades bancarias no ha parado de descender en los últimos años, con cierres constantes que dejan sin un servicio esencial cercano a miles de clientes. “En territorios tan complejos como Lorca, con treinta y nueve pedanías y una configuración urbana lineal con barrios distantes de la ciudad, los efectos se multiplican”, aseguró.
Incluso cuando, frente el cierre de una sucursal, existe alternativa de poder cambiar por otro banco con sucursales próximas al cliente, en muchos casos los afectados tienen que enfrentarse a penalizaciones. Es el caso de miles de usuarios con hipotecas que reciben bonificaciones por mantener las tarjetas de crédito y la nómina en la cuenta vinculada al préstamo, y que pueden perder esas bonificaciones si cambian de entidad.
Esta situación, una constante durante la crisis económica, se complica ahora, con la fusión de Bankia con el BMN, lo que incrementará su incidencia negativa en las pedanías y barrios de Lorca.
Al respecto, IU-V recordó que los propios responsables de Bankia informaban semanas atrás que la fusión con el BNM implicará el cierre de nada menos que 99 oficinas a lo largo de 2018. Por su parte, el BMN informa que entre diciembre de 2017 y enero de 2018 han cerrado 47 oficinas, 25 en diciembre y 22 en enero, respectivamente.
Ahora con la fusión entre las dos entidades de crédito, los problemas se multiplican para todos: “Pierden las pedanías y los barrios de Lorca y de muchas otras poblaciones de la Región de Murcia, porque miles de ciudadanos tendrán que desplazarse, con el coste en tiempo y dinero que ello implica, para realizar gestiones bancarias absolutamente imprescindibles en una sociedad como la actual”, dijo Martín. Además, “pierden los trabajadores que son obligados a irse con un expediente de regulación de empleo (nada menos que 2.500) y los que se quedan, que serán objeto de homologación salarial a la baja mientras, como siempre, la banca gana”.
Martín aludió también a la necesidad cada vez más acuciante de contar con una banca pública y de denunciar la política del Banco Central Europeo de préstamos a coste cero a la banca privada a la que después tienen que acudir los estados y administraciones a pedir préstamos con intereses.
Por todo ello, la edil de IU-Verdes pidió “accionar el poder del Ayuntamiento de Lorca”, como cliente preferente de las entidades bancarias, y como actor que cada mes ingresa las nóminas de centenares de trabajadores.
“El Gobierno local tiene que anticiparse y ver cómo quedará el mapa de las sucursales bancarias en Lorca tras la fusión, para ver en qué medida se pueden minimizar los efectos en barrios y pedanías de Lorca”, concluyó.
