La diputada de Izquierda Unida Isabel Salud ha presentado en el marco de la ponencia constituida en el Congreso sobre la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto una serie de enmiendas al texto inicial en la línea de mejorar y concretar ese fondo en sus aspectos organizativos, de prestaciones y de financiación en la línea de los que ya existen en otros países europeos.
Los cambios que plantea Izquierda Unida responden al trabajo previo realizado por Salud en el marco del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos con los sindicatos CC.OO y UGT, con la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (ASVIAMIE) y con la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto.
Isabel Salud reconoce que pese a la puesta en marcha de la ponencia “faltan muchas cosas por hacer en un país que durante décadas ocultó a los trabajadores y trabajadoras las consecuencias mortales de la exposición al amianto”.
De la misma forma, denuncia que “las empresas incumplieron de forma generalizada la legislación vigente de Seguridad e Higiene”, incluida “la obligación desde 1985 de registrar ante la autoridad laboral al personal expuesto al amianto, para promover así una vigilancia sanitaria específica”.
La parlamentaria vasca de Izquierda Unida advierte de que “frente a este fraude perpetrado durante décadas en la prevención de riesgos laborales debemos avanzar en el reconocimiento de las enfermedades profesionales debidas a la exposición directa al amianto”.
Recuerda también que estas patologías han afectado además de a quienes trabajaron en contacto directo con el amianto a sus personas más allegadas, que se expusieron al mineral en sus domicilios o entornos más cercanos. “Tan solo en 15 años, entre 1994 y 2008, murieron 3.943 personas en España”, mientras que “entre 2003 y 2009 se indemnizó a más de 7.000 personas”.
Isabel Salud defiende la “necesidad ineludible” de que se constituya finalmente el fondo de compensación sobre el que se trabaja en el Congreso y “se pueda hacer así al menos algo de justicia a los trabajadores afectados por el amianto”.
Recuerda también el “trabajo serio y decidido” realizado por Izquierda Unida hasta llegar a este trabajo en la ponencia parlamentaria, después de un primer acuerdo en el Parlamento vasco y su posterior entrada en el Congreso de los Diputados.
En octubre de 2017 una delegación del Parlamento vasco defendió en la Cámara Baja la necesidad de responder a las demandas de las personas afectadas. El parlamentario de Ezker Anitza-IU, Jon Hernández, formó parte de esa delegación y destacó la “importancia” de la iniciativa aprobada para crear el fondo de compensación.
Defendió también el desarrollo de “políticas públicas destinadas a la eficaz detección de la enfermedad”, ya que “se han reconocido muchísimos menos casos de enfermedad profesional de los que realmente existen”. Hernández apuntó que “mientras en Alemania el 14% de los cánceres se reconocen como enfermedad profesional, en nuestro país no llegamos al 1% y eso tiene que cambiar”.
