Pedro Sosa, portavoz de IULV en el Ayuntamiento de Lorca, ha pedido la dimisión de la concejala del PP Saturnina Martínez, encargada de la recuperación de Lorca tras los terremotos de 2011.
Muchos vecinos de Lorca están volviendo a recibir comunicaciones por correo certificado de la Consejería de Presidencia y Fomento de la CARM a propósito de las ayudas percibidas hace más de cinco años. En esas cartas se da cuenta de una reunión de la Comisión Mixta del Terremoto que acuerda modificar las cuantías de las subvenciones otorgadas por la comunidad autónoma a centenares de ciudadanos poco después de los terremotos.
En las comunicaciones se vuelve a recalcular el importe de la subvención concedida, restando de la misma las cantidades que en su día recibieron los beneficiarios del Consorcio de Compensación de Seguros.
Pedro Sosa fundamenta la petición de dimisión de la concejala del PP en que la reunión de la Comisión Mixta se realizó el pasado 27 de julio, justo un día antes de la celebración del Pleno municipal ordinario de ese mes.
En ese Pleno se debatieron dos mociones que tenían por objeto las cartas que la CARM había remitido a centenares de lorquinos comunicándoles la apertura de los procedimientos de reintegro de ayudas. En ese Pleno se aprobó por unanimidad instar a la CARM a que en esos procedimientos se sustituyesen las pruebas documentales que exigían para la justificación de las ayudas por comprobaciones “in situ” de los técnicos de la administración en las viviendas afectadas. Allí estuvo Saturnina Martínez y no dijo absolutamente nada de esa reunión de la Comisión Mixta, ni de ese acuerdo que va en contra de lo que ella misma aprobó un día después. “Esto implica una absoluta deslealtad de la concejala Saturnina Martínez tanto hacia todos los miembros de la corporación municipal como hacia los ciudadanos de Lorca”, ha confirmado Pedro Sosa.
De otro lado, según el portavoz de IULV, “no tiene sentido que Saturnina Martínez acuda a una reunión de la Comisión Mixta en la que se aprueba esa nueva remisión de comunicaciones a los lorquinos, y no exija que se conteste a los recursos y alegaciones que los afectados han venido planteando frente los procedimientos de reintegro de los que son parte”. Los administrados que interponen recursos están amparados por la ley y tienen derecho a que se les conteste motivadamente y a que no se les siga mareando con comunicaciones que obvian sus recursos y alegaciones.
