“Son casos aislados”, “No somos una organización criminal como dice el juez De la Mata”, “La corrupción es individual” son frases que en boca de Rafael Hernando o Maíllo resultarían cotidianas. Sin embargo, la realidad va demostrando que para ser casos aislados van a ser bastantes. En Andalucía, donde no “rascan bola”, ya tienen unos cuantos casos aislados como Amat, Góngora, Castellón, Martínez, etcétera. Ahora se suma el caso del alcalde de Alhama (Granada) Jesús Ubiña que ha sido imputado por el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Loja.
Los cargos que se imputan al alcalde son prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Vamos presunta corrupción relacionada, una vez más, con el ladrillo. Según se desprende de la investigación, Ubiña dio cobertura legal a construcciones que no lo eran por estar vinculadas a proyectos de su propio estudio de arquitectura. Todo ello cuando era concejal de Hacienda de la localidad.
La Fiscalía de Granda, por medio de su delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz interpuso esa demanda contra Ubiña y el actual concejal de Urbanismo, Pablo Ariza, después de que en junio de 2015 un particular denunciase las diversas irregularidades que se han venido constatando por parte de los juzgados. Como ejemplo de todo ello, el informe destaca una instrucción aprobada en el Pleno Municipal donde se daba cobertura legal a construcciones ilegales que contravenían el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el 28 de septiembre de 2014. Todas las construcciones vinculadas al estudio de arquitectura del alcalde.
También se encuentra en la denuncia la tramitación de una licencia de construcción para la sociedad Agro Ingeniería Guerrero SL de una nave industrial en el polígono 17 y cuyo proyecto había sido redactado por Ubiña y Ariza. Se aprobaban de esta forma los proyectos realizados y cobrados por los dos ediles sin ningún tipo de problema. Algo que suele acontecer con arquitectos municipales como se viene denunciando en los últimos años. La diferencia es que el técnico del Ayuntamiento de Alhama había presentado informes desfavorables contra el proyecto, a lo que se sumó el propio secretario municipal.
El martes 13 de junio, mientras sus jefes superiores del PP están atendiendo la moción de censura, Ubiña y Ariza tendrán que acudir al juzgado a declarar. Aún se desconoce qué medidas cautelares podría solicitar la Fiscalía o el propio juez. Eso sí, nadie en el Partido Popular ha solicitado aún la dimisión del alcalde y del concejal de Alhama por lo que permanecerán en sus puestos salvo que ingresen en prisión preventiva, algo harto improbable.
