Juana Rivas sigue en paradero desconocido defendiendo a sus hijos de su verdugo. La injusta sentencia de un juzgado de Granada por la que la obligaba a entregarlos al maltratador y su posterior huida han generado que el pueblo español se haya posicionado a favor de la justicia de verdad, no de la injusticia emanada de quien debería ser el garante de la justicia. Una sentencia como la que firmó la jueza María del Carmen Siles no es, evidentemente, un ejemplo de lo que debería ser el tercer poder de un país democrático porque renuncia a su obligación de defender al pueblo. La injusticia con toga, mazo y birrete.
Ante esta situación los abogados de Juana Rivas decidieron pedir amparo al Tribunal Constitucional el, en teoría, órgano judicial encargado de defender los derechos de los españoles. Sin embargo, el TC volvió a posicionarse del lado del verdugo en vez de la víctima por una cuestión procedimental. En concreto, según el propio tribunal: “el recurso de amparo es de naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo puede interponerse cuando se hayan agotado todos los niveles judiciales previstos en la ley ante los juzgados y Tribunales ordinarios. En este caso, la recurrente ha acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional antes de agotar todas las posibilidades existentes en la vía judicial previa, razón por la que su demanda debe ser inadmitida a trámite”. Es decir, que el Tribunal Constitucional pretendía que Juana Rivas viviera un calvario judicial yendo de una instancia a otra mientras, de manera indirecta, se le estaba dando la razón a la injusta sentencia de la magistrada María del Carmen Siles.
La Audiencia Provincial de Granada, tras la injusticia cometida por quien tiene la obligación de impartir justicia, ha decidido analizar una posible infracción a los derechos fundamentales que están protegidos por la Constitución y, de determinar que esto es así, podrá anular o suspender la injusta sentencia de María del Carmen Siles. Para poder realizar este análisis la Audiencia Provincial de Granada ha habilitado el mes de agosto para poder resolver.
La defensa de Juana Rivas, que lleva el despacho Montero Estévez, ya ha anunciado de que si la jurisdicción ordinaria, es decir la Audiencia de Granada, no estima sus pretensiones, reiniciarán el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
