La banca española empieza a pasar facturas a cuenta de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, hoy en suspenso. Y no solo facturas, también avisos a navegantes y advertencias más o menos veladas que pueden interpretarse como serias amenazas ante posibles tentaciones intervencionistas del Gobierno o resoluciones judiciales excesivamente alegres y progresistas a favor de los derechos de los ciudadanos. A la banca no le ha gustado la sentencia que condena a las entidades financieras a asumir el gasto que ocasiona el impuesto de actos jurídicos documentados –hasta ahora asumido por el cliente– y lamenta que la incertidumbre creada tras la suspensión de la resolución del Supremo le esté ocasionado unas pérdidas millonarias con las que no contaba.
“Cuando a los mercados se les sorprende con decisiones que no esperan, los inversores se ponen en la peor de las situaciones”, advierte en la cadena Cope el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, en clara alusión a que los poderes financieros tomarán decisiones para salvaguardar sus intereses. Estas cosas solo se pueden decir en la emisora de los obispos, definitivamente posicionada al lado del gran capital, olvidándose de los menesterosos. Para la AEB, que defiende los intereses del sector financiero, el cambio de criterio del Tribunal Supremo, que le quita la carga impositiva al comprador de la vivienda y se la impone al banco, ha generado a las entidades bancarias pérdidas por valor de más de 6.000 millones de euros en apenas unos días. Unas estimaciones sobre las que el representante de los banqueros no aporta informe o dato estadístico alguno y que más bien parece apoyarse en una sola estrategia: la de presionar al Gobierno, a los jueces y a todo un país para que sigamos callados y obedeciendo las órdenes de los mercados.
En esa misma línea, Roldán ha lanzado otra advertencia inaceptable para la sociedad española al recordar que “el mercado hipotecario ha permitido que más del 80 por ciento de las familias en España tengan acceso a una propiedad”. O lo que es lo mismo: sin la divina providencia de los bancos, a los que debemos rendir pleitesía y conceder todo tipo de privilegios legales y económicos, los ciudadanos ni siquiera habrían podido soñar con comprarse una casa. En un país como el nuestro, donde la deuda de las familias con los bancos ha crecido en casi 9.500 millones de euros, donde el salario mínimo interprofesional es de los más bajos de Europa y donde más del 60 por ciento de las familias españolas tienen dificultades para llegar a final de mes, declaraciones de este tipo suponen un sarcasmo y una falta de respeto a la ciudadanía.
La banca española ha gozado en los últimos años de una bula inadmisible concedida por los gobiernos de uno y otro signo. Ahí están las recientes declaraciones de la propia subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que instó a su plantilla de inspectores a dejar de “defender a la banca”. Sin duda, fueron los excesos de cajas de ahorro y bancos los que nos llevaron a la terrible crisis de 2008 y aún así el Gobierno de Mariano Rajoy decidió destinar 77.000 millones de euros a rescatar el sistema financiero, según datos del Banco de España (otras organizaciones cifran en más de 100.000 millones el coste de las ayudas con fondos públicos). Ya se sabe que el 80 por ciento de toda esa monstruosa cantidad de dinero –unos 60.600 millones de euros‒ jamás serán recuperados. Ha sido una inversión a fondo perdido, un regalo de nuestra generosa democracia a los magnates del dinero. La banca, por tanto, debería estar eternamente agradecida a Papá Estado, que con esa lluvia de millones de los contribuyentes regó el árbol podrido. Fue así como Rajoy se puso de lado del poder del dinero, apartándose de los ciudadanos que pagaban caro los efectos de la crisis. Todo para que el sistema financiero no se desmoronara como un castillo de naipes.
Pero lejos de reconocer sus culpas, de hacer propósito de enmienda y de mostrar cierta deferencia con los sufridos ciudadanos que han sufrido el azote de la crisis, nos encontramos con las amenazas y advertencias intolerables de Roldán, para quien el sector bancario ha cumplido escrupulosamente con la legislación vigente. Tampoco eso es verdad. El señor presidente de la AEB omite intencionadamente y quizá con mala fe que fueron precisamente los excesos y abusos de la banca –saltándose todos los controles legales– los que nos arrastraron al abismo de la recesión. Y ahora, en el colmo del chantaje a la sociedad española, nos amenaza con que las entidades financieras harán “sus cuentas” si finalmente el Tribunal Supremo las obliga a hacer frente al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, liberando así al cliente. Ese “hacer cuentas” no puede interpretarse más que de una manera: todo el dinero que pierdan los bancos en aplicación de la sentencia del alto tribunal será convenientemente recuperado por otras vías. Y en cuestión de artimañas para sacarle el dinero a la gente la banca es una experta. Hay muchos y variados trucos y todos ellos funcionan.
Pero tras las amenazas y advertencias de rigor, lo que termina de indignar al ciudadano es ese cuento que ya no se traga nadie de que poner límites y controles a la voracidad de los mercados –aplicando más impuestos a la banca o con sentencias favorables a los clientes– podría “cortar la positiva evolución de la economía española”. Roldán augura que los años 2018 y 2019 “serán buenos todavía, pero 2020 se puede complicar si nos descuidamos y relajamos” y agrega que “no podemos estropear en dos años todo lo que hemos logrado con muchos esfuerzos”. Es el viejo manual del liberalismo caníbal, el que dice que la economía solo va bien cuando le va bien a la banca y a unos pocos oligarcas de los grandes poderes empresariales, sin que los beneficios fluyan ni reviertan nunca en el conjunto de la sociedad. Es decir, la filosofía de amasar la riqueza de forma improductiva, o lo que es peor: esconderla, ocultarla, cuando no desviarla a lujuriosos paraísos fiscales. En realidad, lo que Roldán está queriendo decirnos con las previsiones de crecimiento es que si no nos portamos bien los bancos nos enviarán otro apocalipsis financiero. Una nueva crisis con la que ellos volverán a ganar dinero.
Roldán asume que si finalmente se aplica la sentencia del Supremo –que está pendiente hasta la reunión del Pleno de la Sala del próximo día 5 de noviembre– los bancos tendrán que hacerse cargo del impuesto de las hipotecas, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, pero eso sí, sin efectos retroactivos, es decir que las entidades financieras solo empezarían a correr con los gastos a partir de la entrada en vigor de la nueva jurisprudencia. De modo que de una manera o de otra la banca sale ganando. Como siempre.
