Los derechos de clase obrera han sufrido estos días un ataque frontal por parte del Gobierno de Mariano Rajoy que sólo ha reaccionado del mismo modo en que lo hizo Carlos Arias Navarro con la huelga del Metro de Madrid de 1976, es decir, militarizando los servicios que deberían realizar los trabajadores que luchan por un salario digno y por unas condiciones laborales más propias del siglo XXI que del XIX.
El Gobierno de Mariano Rajoy quiso terminar con la huelga de los trabajadores de Eulen a través de la represión y de la militarización. Tal y como afirmó el antiguo secretario general de CCOO en un tuit “La última vez que viví la militarización de una huelga era 1977 y todavía no teníamos Constitución”. No se puede decir más con menos palabras ni se puede describir mejor la situación vivida en el aeropuerto barcelonés desde el pasado lunes. Además, utilizar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reventar una huelga y colocando a los trabajadores de la Guardia Civil en la tesitura de convertirse en esquiroles o en cómplices de la empresa que oprime a sus empleados para no perder un punto de ratio de beneficios es más propio de una dictadura que de un gobierno que se dice democrático. Sin embargo, Mariano Rajoy, su Ejecutivo y el PP siempre han echado mano de los usos propios de quienes fundaron el partido allá por el año 1976.
Un gobierno democrático no puede utilizar medios represivos para reventar una huelga, medios que van desde la imposición de unos servicios mínimos abusivos hasta la obligación de aceptar un laudo obligatorio saltándose todos los procedimientos de negociación entre empresa y trabajadores que debe regir las relaciones democráticas entre obreros y patronos.
Sin embargo, el Partido Popular no cree en los derechos fundamentales de la clase obrera. Desde que gobierna Rajoy no se ha dado la oportunidad de que un conflicto laboral que podría vencer a las condiciones impuestas por las empresas a la sombra de la Reforma Laboral porque, si los trabajadores triunfan se mostraría debilidades en el modelo de precarización impuesto en el año 2012.
El Consejo de Ministros ha impuesto un plazo de 24 horas para que Eulen y sus trabajadores decidan quién será el árbitro que determine las condiciones que habrán de ser impuestas para que los empleados de Eulen abandonen la huelga, condiciones que serán muy inferiores a las justas reivindicaciones de los representantes de los trabajadores. En caso de que pasara el plazo impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, será éste quien determine a ese intermediario que, evidentemente, favorecerá los intereses de la empresa. Siempre que ha habido un laudo obligatorio, así ha ocurrido. Con un gobierno conservador de ideología económica liberal no se espera que la estadística cambie su tendencia.
La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. CCOO en un comunicado “considera que el nombramiento de un árbitro para resolver mediante laudo obligatorio el conflicto surgido en el aeropuerto de El Prat es una respuesta autoritaria del Gobierno, que ataca al ejercicio efectivo de derechos como el de Huelga y la propia Negociación Colectiva”. El sindicato hace un análisis certero de las causas de este conflicto: “el problema de fondo en este conflicto es la utilización de la subcontratación de actividades como fórmula de precarización de las condiciones de trabajo. Las Administraciones Públicas se han puesto a la cabeza de esa dinámica. Esta forma de externalizar actividades para disminuir costes, y por tanto salarios, es especialmente perversa cuando nos referimos a servicios especialmente delicados, como son los que tienen que ver con la seguridad aérea. A esto se añaden las consecuencias de la reforma laboral. Recordemos que, desde la misma, se permite suscribir convenios de empresa que empeoren las condiciones salariales de los convenios del sector. Esto es lo que ha ocurrido en el servicio de seguridad de las líneas de El Prat: un convenio de la empresa de seguridad en Barcelona fija unos salarios bajos que acaban provocando la reacción de trabajadores/as. Para CCOO, este modelo laboral “low cost” va a seguir provocando caídas de los salarios y crecientes movilizaciones que podrán afectar a este o a otros sectores”.
El Gobierno se ha dado mucha prisa en cercenar el derecho de huelga de los trabajadores de Eulen en El Prat. No se puede mostrar a los ciudadanos que se puede derribar el sistema de opresión laboral del PP. Sin embargo, no se esperaba la reacción de la clase trabajadora. No han tenido en cuenta una de las leyes de Newton por la que Actioni contrariam semper & æqualem esse reactionem (con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria). El Gobierno se pensaba que con la dureza represiva de la militarización iban a lograr la rendición de la clase obrera. Ha ocurrido todo lo contrario. Por un lado, los trabajadores de la seguridad de diferentes aeropuertos ya han convocado huelgas a finales de este mes de agosto. Por otro lado, los sindicatos de Aena han convocado paros totales a partir del día 15 de septiembre durante 25 días.
Es el momento de que la clase obrera se una en un movimiento huelguístico general que termine con la opresión gubernamental y empresarial impuesta por Rajoy desde que llegó a la Moncloa.
