El pasado jueves el Consejo de Administración del fabricante de automóviles japonés Nissan cesó de manera fulminante a Carlos Goshn aún presidente de Renault y Mitsubishi con las que Nissan forma una alianza de gigantes del automóvil.
El cese vino provocado por una investigación interna en la empresa japonesa, por testimonio de los empleados, que habría puesto al descubierto una evasión de impuestos de 38,5 millones de euros y desvío de bienes de la empresa para fines personales, siendo la propia Nissan la que denunció los hechos a la Fiscalía nipona. El consejo de administración también acordó reemplazar a uno de sus estrechos colaboradores, Greg Kelly, involucrado en el escándalo.
Hiroto Saikawa, consejero delegado de Nissan, manifestó que se trataba de irregularidades significativas e intolerables que provocaron su indignación, además de pedir disculpas a los accionistas, empleados y clientes de la empresa de automoción. El gobierno francés, capitaneado por su ministro de Economía, Bruno Le Maire, también pidió el cese de Goshn al frente de Renault. En países avanzados como Japón y Francia estos fraudes no se perdonan, ni siquiera al artífice de reflotar Renault y sacar a Nissan de la bancarrota.
Mientras tanto, en España tenemos el ejemplo contrario en el que se ampara y protege judicialmente a defraudadores fiscales confesos como la familia Botín, a los que, además, se le regalan bancos como el Popular o Banesto.
En España es impensable que en el Santander se abra una investigación interna por testimonio de los empleados y se denuncie a la Fiscalía los presuntos fraudes de la familia Botín. Muy al contrario, la Audiencia Nacional está investigando, consecuencia de la Lista Falciani, el sistema articulado por el propio departamento de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales del Santander que protegía a los Botín y a la alta dirección del banco del sistema de reporte al Banco de España de las operaciones fraudulentas, tal y como se hizo constar en un acta del Comité de análisis y resolución del propio supervisor.
En España, al contrario que en Francia, es imposible que el Ministro de Economía pida el cese de la familia Botín al frente del Santander, ya que, hasta ahora, los ministros dan órdenes para que no se ejercite la acusación particular contra Emilio Botín, tal y como hizo Rodrigo Rato en las cesiones de crédito, o dan orden de regalar Banesto y el Popular al Santander.
En España se permitieron al Santander y a la familia Botín las cesiones de crédito, disponer de un entramado de sociedades en paraísos fiscales para ocultar al Fisco 2.000 millones de euros de la familia Botín en el HSBC de Ginebra (Suiza); la comercialización de más de 3.000 millones de dólares de la estafa piramidal de Bernard Madoff, el pago de indemnizaciones multimillonarias de más de 270 millones de euros con fondos del banco a Amusátegui y Corcostegui para dejar vía libre a Emilio Botín en el manejo del Santander, etc.
En Japón se cesa al presidente de una empresa por desviar fondos y hacer operaciones personales con activos de la empresa, pero en España se permite que los hermanos Botín se hicieran con 72 millones de euros de la operación Antibióticos aprovechándose de avales prestados por Bankinter.
En Japón el consejo de administración de Nissan cesa a su presidente por haber defraudado 38 millones de euros al fisco y el consejero delegado pide perdón públicamente a sus accionistas, empleados y clientes. Pero en España cuando un accionista comparece en la pasada Junta de accionistas del Santander y denuncia un fraude de 50 millones de euros, todo el consejo de administración se calla y lo oculta amparando actuaciones aparentemente fraudulentas y, por supuesto, no pide perdón ni a los accionistas defraudados, ni a sus empleados ni mucho menos a sus clientes.
¿A qué se dedica la directora de cumplimiento, Mónica López Monis, y los consejeros “independientes” del Santander cuando se les denuncian actos presuntamente fraudulentos? En vez de llevar a cabo una investigación interna, dar parte a la Fiscalía y cesar al presidente defraudador, ocultan los hechos y no investigan las operaciones fraudulentas.
En Japón el consejo de administración cesa al estrecho colaborador del defraudador, pero en el Santander las manos derechas de la familia Botín durante muchos años, Rodrigo Echenique e Ignacio Benjumea, siguen en el consejo de administración.
En Francia el empresario Bernard Tapie fue condenado por evasión fiscal y desviación fraudulenta de fondos societarios y su presidente Jacques Chirac fue condenado por el Tribunal Correccional de Paris por malversación de fondos públicos, abuso de confianza y prevaricación. En Japón el Ministro de Agricultura, Toshikatsu Matsuoka, se hizo el harakiri por un caso de corrupción. En la Unión Europea la Comisión dimitió en bloque en 1999 por irregularidades y fraudes. En Alemania, tras el escándalo del caso Siemens en el que la propia empresa denunció a los miembros de su consejo de administración y se dictó la sentencia del Tribunal Regional de Munich, en 2017 se creó un registro de empresas corruptas, de manera que aquellas que hayan violado las leyes con sobornos, evasión de impuestos, lavado de dinero, violaciones de las leyes laborales, etc. no puedan recibir contratos públicos.
Por el contrario, en España la familia Botín lleva gobernando el Santander de forma continuada los últimos 68 años con constantes escándalos fiscales, judiciales y de todo tipo, y en vez de ser cesados y encarcelados como ocurriría en países avanzados, se les recibe por las mayores autoridades del Estado y reciben la protección de los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial con doctrinas Botín al uso, y del cuarto poder de la prensa que vive de la publicidad del Santander y oculta todos sus escándalos.
Como dice el refranero español y recogen El Quijote y La Celestina, las comparaciones son odiosas, pero en este caso son necesarias para demostrar que España se encuentra a la cabeza de los países desarrollados en corrupción y protección a los corruptos.
