La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha comunicado el incremento de un 20 por ciento el presupuesto inicial destinado a subvencionar el desarrollo de programas y servicios de promoción de la autonomía de personas con diversidad funcional, por un importe global de 3.907.435 euros.
El DOGV ha publicado el incremento del crédito de esta línea que inicialmente era de 3.256.196 euros y que con la consignación presupuestaria actual de 651.239 euros alcanza los cerca de 4 millones de euros. Con este aumento la conselleria puede resolver solicitudes que habían quedado sin atender por falta de crédito.
A través de la convocatoria de estas ayudas de la Conselleria de Igualdad se subvencionan programas de convivencia, promoción de ocio y tiempo libre, de cooperación social, de intervención para la prevención e inserción social, de respiro familiar, de apoyo y atención sociosanitaria, de empleo con apoyo, de fomento de la vida independiente o de terapia asistida con animales de compañía, entre otros. Pueden optar a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro que gestionan o desarrollan este tipo de programas dirigidos a personas con diversidad funcional y a sus familias.
La asignación de dichos créditos objeto de ampliación, según informan desde la institución, “no requerirá de nueva convocatoria y se realizara con los mismos criterios de valoración que establece la convocatoria, como el interés y repercusión social del programa o servicio, la calidad del mismo, o su viabilidad económica, así como la experiencia de la entidad solicitante”.
Para la valoración de las solicitudes se ha tenido en cuenta también el cumplimiento de las clausulas sociales. Así, se valora la experiencia de la entidad y del equipo humano en materia específica de igualdad de género de personas con diversidad funcional y de su personal, así como el compromiso de la entidad a elaborar e implantar un plan de igualdad. Asimismo, y dentro del cumplimiento de cláusulas sociales, se ha valorado la creación de empleo para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y el compromiso de la entidad a contratar e integrar en su plantilla a personas con diversidad funcional.
