La asociación conservadora de los jueces, APM, ha colocado a 26 de los 56 magistrados que van a ocupar las plazas vacantes en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias territoriales. Si a ello sumamos los cuatro de la Francisco de Vitoria y uno de Foro Judicial Independiente, la derecha judicial se hace con más de la mitad de las plazas que el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó en su última reunión. Afiliados de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia se hicieron con 13 plazas mientras que los no asociados son siete. La derecha judicial sigue controlando, de esta manera, los puestos mas relevantes a pesar de la lucha de la izquierda por contrarrestar la labor que llevó a cabo el anterior titular del CGPJ, Carlos Lesmes, quien colocó a los profesionales afines al Partido Popular discrecionalmente convirtiendo el poder judicial en un instrumento reaccionario cuyas consecuencias son conocidas de sobra. Ahora hay quien señala a Isabel Perelló, la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, a la que en algunos ámbitos califican “de sensibilidad progresista” como determinante a la hora de producirse tal desequilibrio.
La Asociación Profesional de la Magistratura cuenta con 1.412 asociados. No llega ni siquiera a la mitad de los jueces en activo en este país, 5.408. Pero su influencia en la derecha judicial es decisiva. En las elecciones generales de julio de 2023, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió, en una reunión con significados jueces y fiscales, un cambio en la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de tal manera que serían los miembros de la magistratura los que eligiesen directamente a los vocales del órgano de gobierno. Desde ese momento la asociación que preside María Jesús del Barco, ha sido beligerante con la posición de la derecha política enfrentándose con la izquierda progresista en todas las iniciativas adoptadas en materia judicial. Sus miembros más destacados se han pronunciado públicamente en contra del gobierno como es el caso del magistrado en activo de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien cargó contra Podemos y contra la exministra de Igualdad Irene Montero, en el transcurso de una conferencia por la conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, aprobada en 2022. “Nos intentaron explicar qué es consentir… A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento (…) y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona”. Otros jueces ya jubilados participaron, junto a la presidenta de la APM, en jornadas organizadas por la caverna mediática como es el caso del controvertido titular del juzgado número 6 de a Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, afortunadamente jubilado, que llegó a ser tesorero de la asociación. Una gran mayoría de los jueces se pronunciaron públicamente en contra de la amnistía a los líderes soberanistas catalanes y últimamente, se han prodigado en contra de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende limitar las acusaciones populares en las instrucciones.
Las asociaciones de jueces próximas a la derecha política saben, perfectamente, que cuentan con la mayoría dentro de la carrera. En las elecciones a miembros de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, y Tribunal Supremo, la más conservadora de todas ellas, la APM, se hizo con el 52,11% de los votos, 61 miembros electos que van a tener el derecho de decidir sobre asuntos tan trascendentes como las admisiones a trámite, nombramientos y funcionamiento interno. La derecha judicial domina claramente en el colectivo de jueces y magistrados. La asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, se queda en minoría.
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