En el último mes estamos siendo testigos de cómo la derecha española está, con la necesaria colaboración de un partido presuntamente de izquierdas que ha perdido el rumbo ideológico, aplicando una estrategia ejemplarizante utilizando como brazo armado a la Justicia. Todo ello, además, con el impulso de un Jefe del Estado que antepone los intereses de un gobierno a los valores democráticos de diálogo y consenso aunque no se puede esperar mucho más de alguien que ocupa un cargo que no ha sido elegido por el pueblo a través de uno de los pilares sobre los que se asienta cualquier sistema democrático: el sufragio, sino que representa a la institución que Francisco Franco decidió que le sucediera tras su muerte. Un Jefe del Estado que, por cierto, lo único que ha hecho en toda la crisis catalana es lanzar un discurso incendiario que alentaba más a la extrema derecha que a que se retomaran los canales democráticos de diálogo.
En España, los partidos de la derecha siempre han desconfiado de la descentralización del Estado y, por supuesto, de los partidos nacionalistas. De ahí que durante la creación del actual sistema territorial se implementara un sistema intermedio entre el centralismo y el federalismo que no ha traído más que problemas desde su concepción. Se les ha respetado porque fueron fundamentales en la construcción de la democracia en los años 70 y, además, han mantenido gobiernos tanto conservadores como progresistas cuando los españoles no les dieron la total confianza en las urnas. Recordemos la ridícula expresión de José María Aznar cuando pactó con Jordi Pujol (el mismo al que el PP le gritaba «Pujol enano, habla castellano») en la que «reconocía» que «hablaba catalán en la intimidad», algo que aún genera chanzas e incredulidad por la naturaleza unionista del personaje.
Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en estos días, con dirigentes políticos encarcelados, perseguidos, «huidos», no es más que la consecuencia de la estrategia primera por la que había que destruir a los nacionalismos con «aspiraciones» y generar un sentimiento centralizador en el pueblo a través del aprovechamiento que siempre hace la derecha de un concepto vacío como es el de la Patria.
Del mismo modo en que el Partido Popular creo un plan de negocio para destruir el Estado del Bienestar a través de la generación de una falsa prosperidad entre las clases trabajadoras, un plan que aún está activo y que tiene como consecuencia la pobreza, el hambre y la aceptación de cualquier cosa por parte del pueblo para tener una mínima esperanza de supervivencia, la situación generada por Artur Mas tras la Diada de 2.012 ha sido aprovechada por la derecha para llevar la situación en Cataluña a un punto de no retorno en el que se quiere yugular cualquier sentimiento nacionalista y, por supuesto, independentista.
Han pasado más de 5 años desde que el entonces president de la Generalitat de Catalunya utilizó los sentimientos del pueblo para forzar una negociación sobre las condiciones de la autonomía, las competencias reconocidas en el Estatut «capado» por el PP con su recurso ante el Tribunal Constitucional pero que aún no han sido transferidas a los catalanes, la aplicación de un escenario fiscal similar al que tienen Euskadi o Navarra, además del reconocimiento de la singularidad del pueblo catalán. Un lustro es tiempo suficiente para haber abierto un diálogo y realizado los cambios legislativos necesarios de las conclusiones y acuerdos a los que se llegara en ese consenso democrático que todos los españoles esperamos que se hubiera iniciado.
En cambio, en 5 años no se ha hecho nada. Se podía haber realizado un ejercicio tan democrático como haber permitido al pueblo catalán que expresara su opinión en las urnas, tal y como se ha hecho en otros países como Canadá, Reino Unido o Italia, por citar algunos ejemplos cercanos. Cada cual, con unas circunstancias diferentes, que nada tienen que ver unas con otras, esos países decidieron dar voz al pueblo. Se podía haber llegado a un modelo vinculante o no vinculante de dicha consulta. ¿Había miedo a que la derecha perdiera esa votación? Un partido político de un Estado democrático jamás debe temer la voz de su pueblo ni las consecuencias que se puedan generar en sus filas por el hecho de darle la posibilidad de expresar su opinión.
No hacer nada es un modo de actuar propio de Mariano Rajoy. Sin embargo, en lo referido a Cataluña no se trata de una más, sino que tenía una intención clara: forzar la radicalización tanto de la política como del pueblo catalán para provocar que el Estado tuviera que actuar de manera coercitiva y, de este modo, intentar erradicar al nacionalismo catalán en todos sus niveles ideológicos.
El momento crucial llegó el día 1 de octubre. Las cargas policiales contra gente desarmada cuya única intención era depositar su voto en una urna fue el primer aviso de que iban a por todas. Fue la reacción internacional y las imágenes de gente ensangrentada que copaban las portadas de los principales medios de comunicación del mundo lo que frenó las cargas y los catalanes pudieron continuar votando.
Fue entonces cuando empezó a actuar el aparato judicial. Es cierto que muchas de las personas encarceladas han incumplido la ley española y que, como cualquier otro ciudadano, deben respetar. No obstante, ¿qué es lo que ha provocado que se haya llegado a esta situación? La negación del diálogo. ¿Por qué se ha negado ese diálogo? Porque había intereses políticos y, lo que es más peligroso, ideológicos.
La derecha española, junto con un partido presuntamente progresista que vaga sin rumbo por su indefinición ideológica, ha aplicado su martillo deontológico utilizando uno de sus tótems: la unidad de España, al igual que en su momento usaron de manera indiscriminada y miserable el dolor de las víctimas del terrorismo. Se está buscando claramente que el sentimiento patriótico cale en el pueblo para, en el próximo nivel, atacar la propia descentralización del Estado y la actitud ejemplarizante contra Cataluña no tiene otro objetivo que la vuelta al centralismo.
Esta actitud, por más que parezca que ha calado en el pueblo español, es un error gravísimo porque no se va a yugular el sentimiento nacionalista o independentista catalán. Los dirigentes políticos y encarcelados han pasado a ser tomados como mártires, represaliados o presos políticos, conceptos los dos últimos que no se corresponden con la realidad pero que, de cara al pueblo, sí que pueden ser catalogados como tales.
El nacionalismo y el independentismo catalán siempre quisieron meter en la cabeza de su pueblo la idea de que España les invadió en el siglo XVIII, algo que, históricamente, es muy cuestionable. Sin embargo, la aplicación del artículo 155, las detenciones, los encarcelamientos, sí que ha dado argumentos de peso para mantener esa interpretación de la conquista. Un error político de cara a Cataluña, un éxito ideológico para la derecha española, una catástrofe para la democracia.
Otro aspecto a analizar es cómo un problema político que se podría haber evitado a través del diálogo y del consenso es el papel que está jugando la Justicia y cómo la están utilizando los partidos de la derecha para dar una justificación a su actitud frentista. Un problema político no puede solucionarse en los tribunales sino a través de las herramientas democráticas que nuestro sistema nos otorga. La Justicia ha actuado en base a la ley pero el encarcelamiento de una parte del Govern es un error político que no se le puede achacar a la jueza Lamela sino a quienes han sido los verdaderos instigadores de la situación, a los verdaderos culpables que han preferido un duelo de muflones al diálogo.
