La titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, Aurora Angulo González de Lara, ha rechazado imponer medidas de protección a los dos hijos menores de la granadina Juana Rivas contra su padre condenado por violencia doméstica porque ha constatado que la petición viene firmada por su asesora jurídica, Francisca Granados, y no por su letrada.
Esta supuesta indefinición sobre la identidad del representante legal de esta madre granadina es, según el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, el motivo por el que se ha quedado en un limbo jurídico la denuncia que Juana Rivas presentó el 12 de julio de 2016 contra su ex marido, después de huir de la localidad de Carloforte, en Italia, donde residía junto a sus dos hijos menores.
Fuentes judiciales han explicado que hasta ahora no se ha aclarado ante la juez Angulo González de Lara qué abogada representa la defensa de Juana Rivas, ya que supuestamente había varias personadas en su causa, en contra de lo que apunta la ley al respecto. De este modo, la jueza ha dado traslado al fiscal de la nueva petición de reapertura de la denuncia efectuada en julio de 2016 y se le ha dado traslado al tribunal competente en Italia. “Cuando se cumplan los trámites que la ley exige, la juez va a resolver sobre esta reapertura de la denuncia”, apuntan fuentes jurídicas.
La denuncia de Juana Rivas contra su maltratador se queda en el limbo más de un año por dudas sobre su representante legal
Mientras tanto, Francisca Granados, la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer en Maracena (Granada), y la psicóloga de este mismo servicio, Teresa Sanz, se han acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, que las citó este miércoles como investigadas por su presunta intervención como inductoras o partícipes necesarias del delito de sustracción de menores que se le imputa a Juana Rivas, la vecina de esta localidad que ha permanecido este verano casi un mes en paradero desconocido con sus dos hijos menores de tres y 11 años para evitar entregarlos a su padre maltratador, como ordenaba esta misma jueza, algo que la justicia española llevó a efecto el pasado lunes contraviniendo el pacto de Estado firmado en el parlamento este verano.
Pese a acogerse al secreto profesional y a su derecho a no declarar, tanto la asesora jurídica como la psicóloga que han atendido a Juana Rivas desde mayo de 2016, cuando vino desde Italia para instalarse en Maracena, han negado cualquier cooperación con Juana Rivas en la sustracción de sus dos hijos menores. Granados ha asegurado a los periodistas que ni ella ni la psicóloga del centro “jamás, jamás, en ningún caso” han inducido, apoyado o cooperado “en la comisión de ningún delito, ni de sustracción de menores ni de nada”.
Granados ha recordado que Juana Rivas llegó en 2016 de Italia “huyendo para pedir protección y apoyo para ella y sus hijos como víctima” y ha subrayado que este proceso “no está terminado”, puesto que la justicia italiana aún no ha emitido un año después de la denuncia ninguna resolución judicial sobre su situación como víctima de malos tratos.
La asesora jurídica y la psicóloga se acogen al secreto profesional para no declarar por inducción a la sustracción de menores
Desde el 12 de julio de 2016 que presentó una nueva denuncia contra su ex pareja, Juana Rivas se encuentra esperando una resolución judicial que aún no se ha producido al respecto porque la jueza de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada ha tenido dudas sobre la identidad de la representante legal de esta madre granadina. “Seguimos defendiendo la protección para Juana y sus hijos en el marco de la legalidad y el tema de malos tratos que ha sufrido y han vivido sus hijos no ha sido analizado por un juez”, explicó la asesora jurídica de Juana Rivas, a la que el fiscal retiró este martes la petición de prisión incondicional por la sustracción de los menores.
