La reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo ha de garantizar «en todo momento» la rentabilidad de la flota. Así de rotundo ha querido valorar el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, la propuesta de reglamento de la Comisión Europea (CE) para la conservación del caladero que, a su juicio, «cruza esta línea roja» con una «disminución demasiado drástica y sustancial» y que, por tanto, «no puede ser aceptada» por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. «Tenemos que establecer mecanismos que conduzcan a la recuperación de los recursos y nos acerquen a los rendimientos máximos sostenibles, pero siempre dentro del equilibrio económico y social», ha remarcado Sánchez Haro.
El consejero, que defiende que la limitación para 2018 ha de fijarse, al menos, en 210 días de pesca para cada una de las 92 embarcaciones de arrastre andaluzas que faenan en el Mediterráneo, reclama que este tope «nunca» ha de situarse en los años siguientes, en los que el Gobierno central pretende instaurar sucesivos descensos del 10% hasta 2020, por debajo de una media de 190 días, en la medida en que, a partir de esa cifra se empezaría a comprometer «muy seriamente» la viabilidad de la actividad debido al descenso de los ingresos anuales que ocasionaría al sector. «En cada zona de gestión pesquera debe contemplarse, en definitiva, un número mínimo de jornadas de faena a partir del cual no sea posible aplicar los porcentajes de reducción, acorde con la sostenibilidad de la especie, pero también con la económica y social para evitar así unos efectos que podrían ser irreversibles para la flota», ha insistido el consejero.
Andalucía, en este sentido, «consciente de la delicada situación de las poblaciones de peces explotadas en el caladero», como lo demuestra, según Rodrigo Sánchez, el «empeño mostrado en los últimos años» por favorecer su regeneración, incluso con el desguace de hasta 69 buques de arrastre, pide que la aplicación del porcentaje de reducción para los años 2019 y 2020 tenga en cuenta el esfuerzo real acometido en el año anterior. Se trata, ha continuado el titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de que los días no utilizados, «perfectamente comprobables» a través de las cajas azules y verdes, «computen y bonifiquen» para el siguiente, de modo que «si la flota en su conjunto no hace uso, por ejemplo, del 8% de sus posibilidades en 2018 sólo sufra un descenso del 2, y no del 10%, en 2019».
Rodrigo Sánchez Haro, que sí ve positiva la apuesta por el enfoque de la regionalización, no entiende, en este punto, la razón por la que se opta por esa reducción anual del 10% para todas las especies y para todas las zonas de gestión pesquera, ya que «las medidas de gestión, lejos del establecimiento de una regla general, deben ser diferentes y adecuadas a la situación de los recursos en cada área concreta». En la misma línea, ha manifestado que «lo más justo es que la gestión del esfuerzo pesquero se realice en función de las zonas geográficas marcadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Mediterráneo (las denominadas GSA) y por días globales de pesca por modalidad y no por segmentos de flota».
En esta línea, Rodrigo Sánchez ha lamentado que el Ejecutivo de Rajoy no haya defendido «con la fuerza necesaria» en el Consejo de Ministros de Pesca el plan andaluz de gestión del Mediterráneo, «elaborado y consensuado» por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y el sector a lo largo de dos años de trabajo. Este silencio «se hace más grave aún», desde la óptica del responsable del Gobierno andaluz, ante la «amenaza» por parte de Bruselas de imponer de manera directa, «por actos delegados», un sistema de Totales Admisibles de Capturas (TAC), así como zonas de veda para la pesca o modificaciones sobre las artes de pesca, si no se alcanza el objetivo del rendimiento máximo sostenible en 2020.
Para el dirigente socialista, el sector «difícilmente podría soportar» la incorporación de un TAC tras el sacrificio de una reducción del esfuerzo pesquero. Esto, además, ha proseguido, implicaría un posterior reparto de cuotas por Estados miembro en función de estabilidad relativa (basado en los históricos de capturas de cada país en cada stock), «un mecanismo aplicado en aguas europeas del Atlántico, pero que nunca se ha llevado a cabo en las del Mediterráneo». En este punto, ha recordado que este caladero es «común a terceros países no europeos, con los que compartimos poblaciones de peces, pero que realizan su actividad según sus propias normas internas y no de acuerdo al acervo comunitario».
