La cara que se ha debido poner el ministro de la Función Pública, Cristóbal Montoro, ha debido ser de aúpa. En madrileño diríase que cara de gilipollas. El gobierno de M. Rajoy está destacándose por judicializar, mediante los recursos al Tribunal Constitucional, cualquier tipo de avance social que hagan los gobiernos de izquierdas. A esto hay que sumar todas las tretas financieras de Montoro para no permitir gasto social a las comunidades autónomas que el PP no controla. Un completo desmán de un gobierno que está mostrando su cara menos democrática y más vendida al establishment del capital.
Un gobierno que ha utilizado los dineros de las pensiones para comprar deuda pública española, porque debía ser que nadie la compraba, vaciando la hucha de las pensiones y, de este modo, poner en cuestión el sistema español. Las pensiones son el último gran botín que el capitalismo financiero quiere apropiarse en España. Pero también un gobierno al que se las cuelan, no sólo en el extranjero, por todos lados. Primero fue Puigdemont y ahora es Susana Díaz y su equipo.
Durante el día de ayer, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero ser reunió con los agentes sociales (sindicatos de trabajadores de la función pública) para lograr un acuerdo legal, que permita la consolidación de un derecho de los trabajadores y trabajadoras andaluzas. La jornada laboral en la Junta de Andalucía será de 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán presenciales que se completarán con media hora diaria de formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo. “De este modo, el Gobierno andaluz ejerce su competencia, legalmente reconocida, para la organización de la jornada de los empleados públicos y da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada de 35 horas en la comunidad” dicen desde la Junta. Aunque bien podrían haber dicho “te la hemos colado Montoro”.
Casi en analogía a lo que dijo en su momento el Conde de Romanones “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”, la Junta defendiendo los derechos, que deberían ser inalienables, de sus empleados ha hecho una lectura del reglamento propia, digna y social. Son muchos años los que los partidos de izquierdas vienen pidiendo el reparto del trabajo, y esta es una medida encaminada en ese sentido. También se solicita la conciliación laboral y familiar y con esta medida se da un paso más en la liberación de las personas de la explotación del trabajo.
Montero ha señalado que el acuerdo constata una realidad de los profesionales públicos que vienen dedicando un tiempo semanal a la realización de actividades y tareas complementarias relacionadas con su puesto de trabajo fuera del horario laboral. «Creo que habría que defender ese ejercicio de responsabilidad de nuestros profesionales, un reconocimiento de la apuesta de nuestros empleados públicos por el conocimiento y el desarrollo profesional», ha manifestado para rechazar lo que ha calificado de «subterfugios» utilizados por otras comunidades como conceder «márgenes de cortesía» de media hora en el acceso al puesto de trabajo para computar las 37,5 horas.
Esta es la defensa política, porque otra no puede dar. Sin duda es un subterfugio lo utilizado por la Junta, pero un subterfugio que entraña un beneficio, algo que es de justicia. Y más frente a un gobierno que está mostrando su cara más dictatorial al abur de la inestabilidad económica y territorial. Se habían crecido, en vista de que la oposición está muy fragmentada, y desde la Junta los han sabido parar los pies. Porque hoy son las horas de trabajo de los empleados públicos, pero mañana serán las viviendas sociales, los hospitales o cualquier cuestión social.
Montero ha defendido, como se ha comentado más arriba, los beneficios de la «flexibilidad horaria» para la conciliación y la calidad de vida de los trabajadores, ya que favorece la igualdad y la corresponsabilidad, reduce el absentismo, aumenta de la productividad y contribuye a la mejora del clima laboral. Asimismo ha aludido a su relación directa con la calidad en la prestación de los servicios públicos, «uno de los objetivos prioritarios del Gobierno andaluz». Pero es que, además, las 35 horas (al igual que ha pasado en ayuntamientos y otras administraciones públicas) fueron derogadas a golpe de decretazo por el gobierno conservador subvirtiendo los derechos adquiridos y fundamentales de los trabajadores.
