La ONU, en concreto su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha decretado que España violó los derechos humanos en el caso de un desahucio ejecutado contra una familia con dos hijos menores de tres y un año respectivamente. La Organización de Naciones Unidas ha instado a España a tomar las medidas necesarias para que esta familia tenga un acceso digno a la vivienda, a indemnizarla por la violación de sus derechos humanos y a implementar un plan integral que garantice el acceso a la vivienda a las familias con pocos recursos.
La familia fue desahuciada en Madrid por orden judicial en el año 2013. Un año antes la pareja dejó de percibir el subsidio de desempleo y no pudo afrontar el pago de las mensualidades del alquiler. Tras ser desahuciados el SAMUR social les dio albergue durante 10 días hasta que las autoridades les obligaron a abandonar dicho albergue. Durante 4 días estuvieron viviendo en su coche hasta que un conocido les ofreció un lugar donde quedarse.
El Comité considera que «el desalojo, sin que les fuera garantizada una vivienda alternativa por las autoridades del Estado parte en su conjunto, incluidas las autoridades regionales de Madrid, constituyó una violación de su derecho a una vivienda adecuada». La orden judicial de desahucio era legal, eso la ONU no lo pone en duda, pero el hecho de no proporcionar una alternativa habitacional vulnera los derechos humanos.
Uno de los miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU afirmó que «los Estados deben garantizar que los desahucios no den lugar a situaciones en que los afectados se queden sin techo y tienen la obligación, hasta el máximo de sus recursos, de proveer una vivienda alternativa a las personas víctimas de desahucios».
Por esta razón, el Comité de la ONU determina en su dictamen que España debe formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda, además de recomendar que se adopten las medidas que sean necesarias para asegurarse que los desahucios a personas sin recursos sólo se ejecuten después de consultar a los afectados y a las autoridades estatales para que se les provea de una alternativa habitacional, sobre todo en los casos en los que haya menores de edad, personas mayores, personas dependientes o cualquier ser humano en situación de vulnerabilidad.
La presidenta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Virgina Bras, fue contundente: «Este caso muestra cómo las fallas institucionales, como una elevada tasa de desempleo, la falta de políticas sociales adecuadas y una coordinación insuficiente entre los organismos públicos competentes, están en la raíz de las violaciones de los derechos humanos».
Una nueva condena de Naciones Unidas a España por las políticas sociales. Son ya incontables desde que gobierna Mariano Rajoy.
