En siete años, los recursos destinados a políticas de empleo han caído el 38%. Mari Carmen Barrera secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, ha declarado que para UGT, “la recuperación económica tiene que reflejarse en la mejora de la protección de los desempleados, pues no hay justificación posible, a que con crecimiento del PIB, siga viendo aún la mitad de los parados sin protección”.
En 2017 el presupuesto para el desempleo sigue cayendo el 3,93%, a pesar de que la situación de los desempleados cada vez es peor, pues la tasa de cobertura ha pasado del 78, 4 % en 2011, a cerca del 54% en 2017. Mari Carmen Barrera denuncia que las bonificaciones a la contratación “no dejan de aumentar, mientras disminuye la mayoría de las partidas destinadas al empleo, como las del personal de los servicios públicos de empleo”.
Para la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, la recuperación económica, con un crecimiento del 3,5% del PIB, “tiene que trasladarse a todos y todas, también a los desempleados”. Por eso UGT insiste en un plan de choque por el empleo con especial atención a las personas desempleadas con mayores dificultades de inserción, “como los mayores de 50 años y los jóvenes, que además incluya políticas activas eficaces y personalizadas desarrolladas desde unos servicios públicos de empleo con dotación económica suficiente”, ha declarado Mari Carmen Barrera.
UGT denuncia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 recortan el gasto en empleo un 3,93%, intensificando la precarización de estas políticas. Un descenso que se acumula una pérdida de recursos para políticas de empleo del 38% entre 2010 y 2017.
El sindicato denuncia que la cuantía programada para prestaciones por desempleo desciende a 18.027 millones de euros, un 6,7% menos que en los PGE 2016, en una situación en la que más de 4,2 millones de personas (según la EPA) en paro. Mientras la tasa de cobertura no logra subir del 55% y casi 6 de cada 10 desempleados lleva buscando empleo más de un año.
Pero UGT no se queda ahí, su denuncia se extiende a las partidas de políticas activas de empleo, que se dotan de 5.575 millones, un 6,36% más que en 2016, pero “cuyo ascenso no se destina a mejorar los servicios públicos de empleo”. El sindicato nos recuerda que este aumento se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social por contratación “que crece un 11,67%, hasta 1.825 millones, lo que supone un tercio del conjunto de políticas activas, aumentando cada año su peso en el total”, según datos de UGT.
Hay un descenso continuado en las partidas para parados de larga duración, quéaún son el 54,4% de los 3,46 millones de personas desempleadas, y que apenas cuenta con unas partidas presupuestarias de 23,9 millones.
Para UGT, no se entiende como, en un contexto de crecimiento económico, las partidas de prestaciones y las políticas activas, han vuelto a descender en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
Para el sindicato, el presupuesto de 2017 es insuficiente para atender a los más de 3,46 millones de parados –según datos de la última EPA-. Por cada desempleado registrado en los Servicios Públicos de Empleo –SEPE– se van a destinar 6.932 euros, 2.603 euros menos que en 2010 (9.535 euros) y muy lejos de los niveles europeos.
La caída del gasto total en 2017, frente a 2016, tiene su origen en un menor presupuesto en prestaciones por desempleo, que se reducen en 1,3 millones de euros (un -6,7%). Entre otras, descienden las partidas de prestaciones contributivas (-4,9%), subsidios (-14,2%), Renta Activa de Inserción (-23,9%) y Programa de Activación para el Empleo (-20%).
Entre todos estos datos negativos, para las políticas activas de empleo, el sindicato destaca la caída del presupuesto para la ayuda del PAE, que pasa de 350 a 280 millones, a pesar de que, según mantiene el Gobierno, la prórroga del programa aprobada en el mes de abril –pendiente de otra prorroga, que finalmente no se produjo en el Consejo de Ministros pasado, tal y como se había aprobado con los agentes sociales-, cubría a más personas desempleadas de larga duración, -debido a la modificación en algunos requisitos de acceso-; Algo difícil de creer con unos presupuestos para el programa que cae un 20%.
Hoy se reúne la Mesa del Diálogo Social del Plan de Choque para el empleo, que entre otros asuntos, debatirá la modificación del Programa PAE, para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional, que derribada su gestión a las Comunidades Autónomas.
En los Presupuestos Generales del Estado se crea una partida de 500 millones de euros destinada a ayudas para jóvenes a través del Plan de Garantía Juvenil, cuyas medidas que pretende el Gobierno financiar con estos recursos, no han pasado previamente por la Mesa del Diálogo Social, a pesar de haber sido anunciadas por la Ministra de Empleo recientemente.
UGT denuncia el excesivo optimismo de gobierno en sus previsiones económicas y de creación de empleo. Los PGE son partidas puramente económicas. Este criterio, para el sindicato, no debería prevalecer “porque el descenso en el gasto en prestaciones por desempleo no sólo es consecuencia del menor número de personas desempleadas (a veces que ni siquiera encuentran un empleo y pasan a la inactividad por efecto desánimo, sin protección), sino sobre todo del endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones, del agotamiento de los periodos de prestación contributiva por la extensión de la situación de desempleo, del descenso del número de beneficiarios y también de las menores cuantías medias recibidas”.
UGT considera que para diseñar estas partidas se deberían utilizar otros criterios no económicos, que son determinantes y se centran en la situación d desprotección de las personas. Para el sindicato, “no es coherente este presupuesto con un país que, a pesar del crecimiento del empleo, -de peor calidad- presenta una tasa de paro del 18,75%; con 4,2 millones de parados”.
Para UGT, no es la mejora del empleo la que está reduciendo los gastos en prestaciones, sino el debilitamiento del sistema de cobertura, y manifiesta que “hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo, que deben ser atendidas. Que no se puede limitar exclusivamente a proteger según la actual normativa; y no sólo no debe reducirse, sino que debe aumentar para dar mayor cobertura”.
UGT denuncia que los presupuestos aprobados para 2017 están desigualmente repartidos. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el que tienen como destino las bonificaciones para todo tipo de contratación. No está orientado, como plantea UGT, a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas, mediante la mejora de los servicios públicos de empleo, sino a subvencionar, de forma ineficiente, la contratación.
UGT recuerda que hay que evaluar la partida de bonificaciones, por la posible existencia de peso muerto en los contratos realizados. El sindicato recuerda que “podrían ser contrataciones que se llevasen a cabo sin la ayuda”. La ayuda a la contratación crece un 11,67%, pasando de 1.635 millones a 1.825, con un peso cada vez mayor en la cuantía total de políticas activas (del 33% en 2017, frente al 31% en 2016).
Para UGT es incomprensible que las partidas “de gastos de personal del Servicio Público de Empleo Estatal y de modernización de los servicios públicos de empleo permanezcan congeladas otro ejercicio más”.
UGT reclama un plan de choque “que atienda con especial atención a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción, como mayores de 50 años y jóvenes, así como medidas de políticas activas centradas en la empleabilidad de las personas y desarrolladas a partir de servicios públicos de empleo de calidad”.
