La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que la futura Ley de la Renta Valenciana de Inclusión supondrá un paso más en el modelo de economía social que está impulsando el Consell y ha defendido que tendrá un impacto generador de nuevas rentas que se estima pueda superar los 200 millones de euros.
Oltra ha explicado que esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el estudio que, desde el departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, se ha hecho sobre el impacto económico que tendrá la aplicación del proyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que en estos momentos está en trámite parlamentario.
El estudio concluye que la crisis económica ha afectado gravemente a la población, fundamentalmente a los desempleados, pero también a los trabajadores de menor salario y a los pensionistas, y que la renta garantizada de ciudadanía, vigente actualmente, tiene una tasa de cobertura «muy alejada» de la media, lo que hace necesaria una nueva prestación como la de inclusión, que colocará a la Comunitat Valenciana entre las autonomías «punteras» en este ámbito.
«Con la puesta en marcha de esta renta, la Comunitat Valenciana va a pasar de ser la penúltima de España en tasa de cobertura a situarse entre las cinco primeras», ha indicado la vicepresidenta, quien ha explicado que, con la actual prestación de garantía, la inversión per cápita del Consell se quedaba en 6,45 euros, y ahora se elevará hasta los cerca de 50 euros (49,73), lo que lleva a la Comunitat de la penúltima a la tercera posición en el conjunto del Estado.
La vicepresidenta ha indicado que la nueva renta, además de situar a los valencianos en la «vanguardia» de las políticas sociales, también va a tener un importante impacto sobre la economía, según concluye la Universidad de Valencia, que considera que el volumen de renta que se transfiera a los hogares «se traducirá en una mayor demanda de bienes para el sector productivo, lo que repercutirá positivamente en el sector empresarial».
La Universidad valenciana estima que el 61% del gasto neto que los ciudadanos que perciban esta renta hagan «se quedará en las empresas valencianas», y se espera que tenga un efecto multiplicador en la producción que en el año 2020, cuando la nueva ley esté aplicada en su totalidad, podrá superar los 200 millones de euros, lo que supone un retorno en este ámbito productivo de 1,4 euros por cada euro invertido.
Oltra ha señalado que este retorno también se producirá en la economía en su conjunto de manera que cada euro invertido en esta prestación, «además de cumplir con su objetivo de lucha contra la pobreza y la exclusión, generará un retorno en la sociedad valenciana de 1,12 euros», de los 0,99 serán a través del consumo, y 0,13 a través de la recaudación vía impuestos. Asimismo, ha señalado que la Universidad de Valencia estima que la Ley Valenciana de Inclusión también tendrá un efecto sobre la creación de ocupación, pudiendo llegar a generar más de 3000 puestos de trabajo, desde su puesta en marcha hasta su implantación plena en el año 2020.
Beneficios de la nueva renta
La vicepresidenta ha recordado que el nuevo modelo de renta ideado por su Conselleria, con la colaboración de entidades y expertos en la materia, «cumple uno de los objetivos fundacionales del Consell del Botànic, que es rescatar personas», creando una ayuda que sirva «realmente para terminar con la situación que viven muchas familias» derivada del empobrecimiento provocado por la crisis y la política de recortes.
Esta nueva prestación, que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía, permitirá que esta ayuda tenga carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, y ampliará los requisitos para poder demandarla, porque el objetivo es convertirla en un instrumento que realmente permita a las personas «rehacer su proyecto de vida
La nueva ley impulsa una renta que llegará a más personas, ya que se flexibilizan los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, y ampliando la edad de para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.
El proyecto de ley también contempla la creación de distintos tipos de renta, así habrá una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.
