Tal y como informábamos en días anteriores, el IRPH ha llegado ante la Justicia europea. Tanto la Comisión como el gobierno de España presentaron sus conclusiones. La primera presentó un amplio informe en el que se oponía frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo y se ha alineado con el voto particular emitido. Sin embargo, el Gobierno español presentó observaciones orientadas a defender los intereses de la banca, alegando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y afirmando que «no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas. Además, y para el hipotético caso de que el IRPH sea declarado nulo por abusivo, el Estado español pide que la nulidad no tenga efectos retroactivos, por el impacto económico que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias».
El escrito fue presentado el 7 de junio de 2018 por la Abogacía del Estado ante el TJUE. Aunque Pedro Sánchez era ya presidente del Gobierno, todavía no había puesto al socialista Marco Aguiriano al frente de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Por esta razón, los afectados por el IRPH piden al Ejecutivo socialista que, siguiendo la argumentación utilizada en la sentencia de las hipotecas, modifique la postura de España para defender a los ciudadanos, y no a los bancos, retirando su escrito de observaciones y presentando uno nuevo.
Pedro Sánchez marcó un camino que despertó las esperanzas de todos las ciudadanas y ciudadanos afectados por los abusos de la banca con la decisión que adoptó en referencia al pago del impuesto de actos jurídicos documentados. No hay marcha atrás.
