Los bancos aún no han abonado más de la mitad de las reclamaciones interpuestas por aquellos clientes que pretenden recuperar lo que las entidades financieras les adeudan por las cláusulas suelo. Este tipo de cláusulas benefician a la banca y perjudican a los clientes al fijarse un límite mínimo por debajo del cual nunca puede bajar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios, aunque los mercados abaraten el precio del dinero. En mayo de 2013 el Tribunal Supremo declaró nulas por abusivas tales cláusulas, algo que confirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de diciembre de 2016, abriendo el camino para que los clientes que tenían suscrito un préstamo hipotecario bajo estas condiciones comenzaran a reclamar su dinero. Sin embargo, cinco años después la sentencia parece haber quedado en papel mojado para miles de clientes, que aseguran que todavía no han recuperado lo que los bancos les cobraron indebidamente.
Denuncias de particulares que han llegado a la redacción de Diario16 aseguran que las entidades financieras no están cumpliendo el dictamen judicial. De este modo, CaixaBank, uno de los bancos que según los denunciantes va con retraso en el abono de las cantidades adeudadas, aseguró ayer a este diario que a principios de este año se habían atendido favorablemente el 52% de las reclamaciones. Según CaixaBank, esta entidad es la que mayor porcentaje de respuesta positiva ha dado al cliente (un 52% frente al 40% de media del sector). “En el caso de CaixaBank, a principios de este año el tema ya estaba muy avanzado. Se revisaron una a una todas las reclamaciones y se aceptó compensar a más de 52.000 clientes por valor de 241 millones de euros”, aseguran fuentes oficiales de la entidad. No obstante, no se atendieron aquellas reclamaciones de hipotecas que el banco considera que no se han realizado “conforme a los criterios de transparencia fijados por el Tribunal Supremo”, añade CaixaBank.
El mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno en 2017 para resolver el conflicto de las cláusulas suelo había recibido un total de 1,13 millones de reclamaciones hasta el cierre de marzo de 2018. De esa cantidad, la banca solo estimó el 40,75 por ciento de las demandas, 502.564 reclamaciones, aunque solo se alcanzó un acuerdo entre el cliente y el banco en 463.236 casos, ya fuese mediante la devolución en efectivo del dinero (406.940 demandas) o con otras medidas compensatorias (40.940). De esta manera, casi un 60 por ciento de las reclamaciones no se han resuelto positivamente para el cliente.
Se calcula que el fraude global por las cláusulas suelo puede elevarse a más de 4.000 millones de euros, según datos del Banco de España, y podría haber afectado a más de 3,3 millones de españoles que suscribieron una hipoteca. La Justicia europea sentenció que la banca española debe devolver todo lo cobrado de forma indebida, después de que la asociación de consumidores ADICAE iniciara una batalla judicial hace casi diez años. “Los bancos no van a ponerlo fácil e intentarán que pelees en solitario en los tribunales. Por ello ADICAE, que ya ha vencido a toda la banca junto a 15.000 consumidores en una macrodemanda histórica, está agrupando a todos los afectados por cláusulas suelo para conseguir una devolución extrajudicial (sin ir a juicio) universal (para todos los ciudadanos) y de la forma más económica posible (evitándote gastos innecesarios en abogados privados que querrán hacer negocio con tus derechos)”, asegura una nota de prensa de la asociación.
ADICAE recuerda que la lucha colectiva y organizada de los consumidores es la “única manera de forzar” a los bancos a que cumplan lo reconocido por la Justicia. “Únete a ADICAE para defender juntos tus derechos y los de todos los ciudadanos. Ven a las asambleas informativas en toda España y apúntate a esta Plataforma para recibir toda la información”, informa la asociación.
En España la mayoría de las entidades bancarias suscribieron contratos de préstamos hipotecarios lastrados con cláusulas suelo durante los años de la burbuja inmobiliaria. Así BBVA debe 1.200 millones de euros; CaixaBank 750; Sabadell 352; Liberbank 129; y Bankia 101 millones, entre otros. El Banco Santander apenas comercializó hipotecas con cláusulas suelo, pero sí lo hizo Banco Popular (al menos 334 millones ingresados por este concepto). Tras la polémica compra del Popular por un euro, el grupo que preside Ana Patricia Botín ha devuelto una parte a los clientes afectados: cerca de 200 millones de euros.
No es el primer revés que sufren los bancos españoles por sus prácticas supuestamente abusivas y que queda diluido por una Justicia tibia a la hora de aplicar unas resoluciones que chocan directamente con el poder de las élites financieras. El Tribunal Supremo, en una sentencia histórica, ha establecido en las últimas semanas que el impuesto de actos jurídicos documentados por la suscripción de un préstamo hipotecario debe correr por cuenta de la entidad y no del cliente. Sin embargo, horas después, los magistrados suspendían el fallo de forma incomprensible e inédita en la historia reciente. La resolución ha provocado una auténtica crisis en el seno de la Justicia, hasta el punto de que los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunirán el próximo lunes para fijar la doctrina definitiva que certificará quién paga el impuesto, revocando o confirmando la sentencia. Todo hace pensar que serán los consumidores, una vez más, los que se sentirán estafados.
Dos escándalos –el de las cláusulas suelo y el de los gastos burocráticos que generan las hipotecas–, que demuestran que la banca sigue gozando de privilegios intolerables en nuestro país. Una Justicia auténticamente fuerte e independiente nunca hubiese permitido que cinco años después de la sentencia que define las cláusulas suelo como “abusivas” todavía haya bancos que no han satisfecho su deuda con los clientes. Ahora está por ver si el Supremo se bajará nuevamente los pantalones ante los mercados, dando la razón a la banca e imponiendo el impuesto de actos jurídicos documentados a los ciudadanos. Está en juego algo tan importante como que los derechos fundamentales de los consumidores no sean pisoteados por el Leviatán bancario.
