Cualquiera pensará que les quiero hablar de una novela, y sin embargo define una triste situación que se da en nuestro Ayuntamiento de Lorca.
Quienes no hemos tenido experiencia política, lo hacemos temporalmente con la ilusión de hacer propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos, de dar prioridad a una actuación sobre otra. Primero, la atención social o antes la inversión en seguridad, limpieza, etc. Todas muy respetables y defendibles.
Pero nunca hubiera imaginado que en nuestra Administración Local podrían ocurrir cosas como las que por desgracia he podido comprobar, documentar, y por tanto poner en manos de la Fiscalía Anticorrupción y otras instancias judiciales en defensa de los intereses der los lorquinos. Si hay ilegalidades o delitos como la administración desleal, la malversación de caudales públicos o prevaricación y cohecho, corresponderá dirimirlo a la Justicia.
A los políticos nos corresponde proponer medidas para corregir unas prácticas políticas que a todas luces resultarían muy dañinas para la economía local, aunque pudieran encajar en la elasticidad de las leyes. Pongamos nombre a éstas con el prefijo de “presuntamente” para que nadie se ponga muy nervioso: sobrecostes, empresas interpuestas o pantalla, facturas poco descriptivas, fraccionamientos, etc.
¿Quién compraría con su dinero 4 coches en 21 días, uno a uno, al mismo concesionario, sin aprovechar un buen descuento, sin pedir presupuesto a más de un proveedor? Respuesta: El Ayuntamiento de Lorca.
¿Quién compraría suministros a terceros que no tienen nada que ver con ese material, en vez de hacerlo a sus verdaderos proveedores? Respuesta: El Ayuntamiento de Lorca.
¿Qué empresa que tiene en su plantilla a Arquitectos, Ingenieros o Abogados contrata estos servicios a empresas externas? Respuesta: El Ayuntamiento de Lorca.
Millones de euros de los lorquinos que acaban en los bolsillos de los “Ocho apellidos lorquinos” aunque algunos de esos apellidos son adoptados paracaidistas que acuden al olor de la pasta fácil que emana de la caja, cuyas medidas de seguridad están desconectadas.
¿Por qué se consiente? ¿A quién le interesa pagar más de lo que valen las cosas?
Para solucionarlo tenemos dos herramientas: para lo ilegal la Justicia, para lo inmoral, echar a “votazo limpio” a quienes consienten estas malas prácticas, enviándoles al rincón de pensar de la Oposición.
