La Mesa del Agua de Almería valora «muy negativamente» que el Ministerio de Agricultura haya aprobado una partida presupuestaria de 8.300.000 euros para rebajar el precio del agua desalada en beneficio directo de los regantes de Murcia y Alicante, sin que se hayan aprobado otras medidas compensatorias en beneficio de los regantes almerienses. Por segundo año consecutivo, el Gobierno de España rebaja el precio del agua desalada en otras provincias “y vuelve a generar un importante agravio comparativo que perjudica claramente a los regantes almerienses, que siguen padeciendo los efectos de la sequía mientras que el Ministerio de Agricultura mira para otro lado”, según el portavoz de la Mesa del Agua, José Antonio Fernández.
Los más de 8 millones de euros que van a recibir los regantes de Alicante y Murcia corresponden a las subvenciones que el Ministerio de Agricultura pagará a la sociedad estatal Acuamed para reducir el coste de la energía necesaria para desalar agua. El pasado viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las instrucciones de la ministra Tejerina para rebajar en diez céntimos por metro cúbico el agua producida en la desaladora de Valdelentisco y fijar en 30 céntimos por metro cúbico el precio del agua desalada en la planta de Torrevieja, con cargo al agua producida para uso en riego durante el año 2017.
Diferente rasero
Según el Ministerio de Agricultura, la rebaja en el precio del agua desalada se justifica en dos aspectos que también afectan a la provincia de Almería. En primer lugar, la escasez de lluvias y la sequía están originando una reducción de los ingresos como consecuencia de la reducción en la producción agrícola. En segundo lugar, la producción de agua desalada implica ciertos costes inexistentes en la gestión de otros recursos hídricos convencionales, como el coste energético para la elevación de agua desde el nivel del mar.
“Obviamente, en Almería los costes energéticos por producir agua desalada son exactamente los mismos que en Murcia, por eso no podemos entender el diferente rasero con que se miden las ayudas públicas para unos y para otros”, añade el portavoz de la Mesa del Agua. Cabe recordar que actualmente en la provincia de Almería, la rebaja en el precio del agua desalada sería muy beneficiosa para los usuarios agrícolas de las desaladoras de Balerma y Carboneras. Del mismo modo, podría beneficiar a los regantes del Almanzora si la desaladora de Villaricos no se encontrara fuera de servicio desde 2012.
Por otra parte, la intervención de la ministra de Agricultura confirma que la decisión de rebajar el precio del agua es competencia directa del Ministerio del que depende la sociedad estatal Acuamed, en cumplimiento de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre sobre el Patrimonio de las Administraciones Públicas. Esto desmiente que la rebaja del agua desalada sea competencia de la Junta de Andalucía.
Más inversiones
La Mesa del Agua de Almería considera que el agravio comparativo entre regantes del Sureste español a consecuencia de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Agricultura va más allá de las rebajas en el precio del agua desalada. Desde mayo de 2015 hasta la fecha, el Gobierno ha realizado más de 28 actuaciones de emergencia en las cuencas del Segura y del Júcar, con un presupuesto superior a los 83 millones de euros que se han destinado a movilizar cerca de 350 Hm3 adicionales en ambas cuencas.
“Queremos un trato justo y recibir las mismas ayudas, puesto que el modelo de producción y los mercados de destino son los mismos”, según José Antonio Fernández. Por todo ello, la Mesa del Agua de Almería reclama al Gobierno de España ayudas económicas por la misma cuantía que en Murcia para realizar inversiones en infraestructuras hídricas y en desalación. “Echamos de menos más empuje político por parte de los parlamentarios almerienses para equilibrar estas desigualdades económicas que tanto daño pueden hacer a la competitividad de la agricultura almeriense, ya que hasta la fecha ningún partido político ha materializado ningún avance para defender los intereses de las miles de familias cuyo medio de vida está en serio peligro por la falta de agua de riego”, concluye Fernández.
