El Grupo Parlamentario Popular presentó el 19 de septiembre una enmienda a la totalidad ante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CCOO y UGT –admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 19 de julio del año pasado– para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social. Los dos principales sincatos denuncian que desde hace más de un año se ha obstruido por una minoría en el Congreso la tramitación de la ILP y ahora el PP pretende terminar definitivamente con ella, vaciándola de contenido para impedir que los colectivos más vulnerables puedan acceder a unos mínimos ingresos que podrían beneficiar a miles de familias necesitadas.
El Partido Popular pretende que la ILP se transforme en una ley limitada a la constitución de un grupo de trabajo “para el estudio y clarificación del mapa de prestaciones existente en España”, compuesto por dieciséis personas –9 de la Administración del Estado, 3 de las comunidades autónomas, 2 de las organizaciones empresariales y 2 de las organizaciones sindicales– y que en el plazo de seis meses elevaría un informe. Además, el funcionamiento de este grupo no podría incrementar el gasto público.
UGT y CCOO considera que esta enmienda es un insulto a los centenares de miles de familias necesitadas de prestaciones económicas que las ayuden a escapar de la pobreza severa que están sufriendo; a las más de setecientas mil personas que respaldaron esta ILP impulsada por las dos organizaciones sindicales y a la propia decisión del Pleno del Congreso que aprobó, por mayoría absoluta, con la única oposición del PP y Ciudadanos, la tramitación de la ILP. Esta enmienda a la totalidad es una muestra de ceguera política ante una realidad social cada vez más inquietante, con una salida de la crisis que deja atrás un reguero de desigualdades y fracturas sociales. Es una enmienda intolerable e inaceptable, no solo desde la perspectiva de sus impulsores sino desde el más mínimo sentido común, manifiestan las dos centrales sindicales.
Esta enmienda del PP es el remate de una política obstruccionista promovida durante más de un año en el Parlamento, prorrogando innecesaria y permanentemente el plazo de presentación de enmiendas, tal y como ya denunciaron CCOO y UGT en junio de este mismo año.
Los sindicatos emplazan a la mayoría parlamentaria que hizo posible la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados –PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PdCat, CC, Bildu, grupos que suman 181 escaños– a que hagan frente a este despropósito social, político (con una ceguera que aleja a gran parte de la población, que se siente al margen de las decisiones parlamentarias) y parlamentario (con una enmienda que vacía de contenido una iniciativa legislativa popular a pesar de su admisión por la Mesa).
Los sindicatos confían en que el grupo parlamentario de Ciudadanos sea capaz de apreciar el dislate de esta enmienda y se oponga a la misma junto al resto de los grupos parlamentarios que aprobaron la admisión a trámite de la ILP.
