Cada gesto es vital cuando apenas faltan 15 días para el referéndum soberanista que el Gobierno y el Parlamento catalán piensan celebrar caiga quien caiga, y que, por su parte, el Estado español tiene previsto impedir con todos los medios legales a su alcance. Así las cosas, el último cartucho quemado por los nacionalistas es enviar una carta al presidente Mariano Rajoy, con copia al Rey Felipe VI, para pedir diálogo.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han remitido una carta al Rey y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que hacen “un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español” para dar una salida a la cuestión catalana.
La carta, a la que tenido acceso El Món a RAC1, es “un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía”.
No parece que haya intención alguna de diálogo y esta misma mañana el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lanzaba que quienes participen en las mesas del referendo de independencia de Cataluña convocado para el próximo 1 de octubre pueden delinquir.
Así lo ha dicho Maza en declaraciones a la cadena Cope al ser preguntado a qué se enfrenta quienes reciban una citación para ser vocal o presidente de mesa para este referéndum y decida acudir.
Maza ha comentado que «habría que estudiarlo pero se puede hablar de cooperación esencial para un acto ilegal y se estaría incurriendo en responsabilidad».
Sobre el mitin celebrado este jueves en Tarragona con la participación del presidente y el vicepresidente de Cataluña, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, ha señalado que «tiene diferentes consideraciones jurídicas» que la Fiscalía debe valorar ya que aunque se puede hablar de un derecho de manifestación si se ha pagado con dinero público podría constituir delito de malversación.
El fiscal general ha comentado que «están engañando a miles de catalanes que están como abducidos y a quienes tratan de convencer de que estos hechos tienen cobertura legal cuando son delitos y confío en que el referéndum no se celebre».
Por otra parte ha recordado que la Fiscalía ha abierto unas diligencias para determinar si han cometido delito más de 700 alcaldes que firmaron decretos en los que ofrecen locales para un referéndum ilegal por las que serán citados y si no comparecen conducidos por las Fuerzas de Seguridad «como ocurriría con cualquier otro ciudadano».
José Manuel Maza ha dicho que los alcaldes que colaboren con la consulta pueden incurrir en un delito de malversación de caudales públicos castigado con hasta ocho años de prisión y en otros de desobediencia (en este caso al Tribunal Constitucional) y de prevaricación castigados con penas de inhabilitación, lo que les impediría presentarse a las próximas elecciones.
