En España, el número de Viviendas de Protección Oficial (VPO) ha pasado del 90% del total que se alcanzó en 1963, a tan solo el 1,5% del total en la actualidad. De manera que, somos el país europeo con menor nivel de protección social y el de mayor índice de exclusión residencial. Por tanto hoy, el número de viviendas protegidas en España no se corresponde con las necesidades sociales de acceso al inmueble, lo que se ha convertido en un problema que está provocando un importante desequilibrio en el sistema tal, que es uno de los más débiles de Europa.
Una de las razones por la que, en nuestro país, la exclusión residencial se ha ido gestando, aparte de la crisis económica que hizo estallar la burbuja inmobiliaria, radica en que el parque público de la vivienda se ha ido liberalizando, de tal modo que de un 40% de viviendas de VPO del total se ha pasado al 1,5% del total en la actualidad.
En este sentido, «uno de los compromisos del partido Libres, basándonos en los criterios de Aalborg+10, con objeto de hacer de Málaga una ciudad en la que se genere empleo de calidad, se combata la pobreza y la exclusión social, se asegure la protección de nuestro medio ambiente y se garantice la diversidad cultural, será el de prevenir la exclusión residencial -entre otras medidas-, para lo cual proponemos incrementar las reservas de suelo para la vivienda social, toda vez que, entendemos, debe asegurarse que toda plusvalía que se genere por la actividad urbanística revierta en la sociedad malagueña en forma de política de vivienda favorable, sobre todo, a las personas que menor poder adquisitivo tienen”, ha expresado Iván González.
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España es uno de los países de la UE donde menos población vive de alquiler: un 22,9%, según los datos de Eurostat, dato que contrasta con el de Alemania (48,6%), uno de los líderes continentales. «Por consiguiente, en nuestro partido, entendemos que hay que potenciar e impulsar el parque de viviendas en alquiler social de tal modo que sea lo más asequible posible para familias jóvenes, personas necesitadas en riesgo de exclusión social, pensionistas y personas dependientes. Para lo cual, proponemos la creación del Centro Público de Acción Social, a depender del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que ofrecerá el contrato de arrendamiento 3-6-9, es decir, tres años renovables dos veces por trienios”, ha destacado el dirigente de Libres.
Estas viviendas serán dispuestas en las zonas de menor poder adquisitivo de la ciudad: Palma-Palmilla, La Luz-San Andrés, Carranque, Carretera de Cádiz-La Paz, La Victoria-El Ejido, Cruz de Humilladero y Trinidad-Perchel. Dicho centro, deberá realizar un seguimiento de las familias, tanto de su situación estructural y económica, como de la forma en que cuida del inmueble (o hace uso de él). En este sentido, dentro de la Policía Local de Málaga, proponemos la creación de una unidad específica para el control de estos inmuebles, a fin de que con carácter disuasorio, evite el dominio de las mafias y no incurran en fraude de ley, y a su vez, no los subarrienden, no los destinen al tráfico de estupefacientes o no sean ocupados sin el beneplácito del Centro Público de Acción Social.
«La presión turística que vive Málaga es otro de los problemas que ha propiciado el drástico encarecimiento de los precios de alquiler, convirtiéndolos en inabordables para jubilados y personas con ingresos bajos. En este sentido, creemos que el Ayuntamiento podría fomentar los contratos de larga duración del parque privado de inmuebles, de manera que podría bonificar al arrendador con un 20% del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) cada ejercicio anual, a partir del segundo año de alquiler, siempre que mantenga el contrato con el mismo arrendatario”.
Otro de los problemas de la carestía residencial en Málaga es que, si bien en nuestra ciudad hay suelo calificado para ello, a efectos reales de mercado, las viviendas VPO no existen, debido a que no hay un marco jurídico, fiscal y económico que lo permita. “En este sentido, entendemos en Libres que el IMV deberá hacer lo posible por incrementar la construcción de viviendas VPO para así conseguir regular los precios del mercado, favoreciendo a que el aspirante pueda adquirirla a través del método ´alquiler con derecho a compra´ a partir del tercer año; o en su defecto, podrá abandonarla sin penalización alguna”.
Respecto de las viviendas sociales, unas, propiedad de la Junta de Andalucía y, otras, propiedad del IMV del Ayuntamiento de Málaga, «desde LIBRES proponemos que todas ellas sean gestionadas en el ámbito municipal por el Centro Público de Acción Social, mediante riguroso concurso de puntuación de entre los aspirantes que soliciten una vivienda de estas características, siendo la antigüedad uno de los criterios exigidos. Obviamente, la adjudicación de la vivienda en régimen de alquiler debe ser llevada a cabo con total transparencia, mediante la publicación de listas confeccionadas por riguroso orden de permanencia”, ha concluido Iván González.
La principal motivación del partido, de haber convocado frente al Ayuntamiento de Málaga la concentración del día 28 de marzo de 2019, no ha sido otra que la de poner en conocimiento de la población malagueña, porque así nos lo han pedido los vecinos afectados, la situación de extrema vulnerabilidad con riesgo elevado de exclusión residencial al que están expuestos miles de hogares en nuestra ciudad, ya que la dirigencia política local no les hace caso. Es por tanto que en nuestra formación consideramos que no se debe ni se puede mirar para otro lado para desentenderse de este problema.
