Desde Izquierda Unida nos sumamos al grito de ‘Ni Una Menos’ este 25 de noviembre de 2018. No queremos ni una asesinada más, ni una violada, acosada, discriminada, invisibilizada o marginada por etnia, procedencia, edad, diversidad funcional, sexual o identidad de género. Exigimos que las instituciones asuman su responsabilidad en la lucha contra la violencia de género. Unas instituciones que han venido actuando con una visión parcial, con una legislación sin aplicación efectiva, con diferencias territoriales y sin los presupuestos ni el personal necesario para cumplir sus obligaciones, faltando a su responsabilidad de proteger y combatir la normalización de las violencias.
2018 vuelve a ser un año plagado de escándalos machistas: la sentencia dictada contra Juana Rivas o la del ‘caso de La Manada’, el alarmante aumento de casos de violación grupal o la descarada y reiterada desidia, cuando no abierta hostilidad del Poder Judicial, con casos tan sangrantes como el del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, dirigiendo insultos directos a una víctima de violencia de género.
Frente a todo esto, se mantiene un Pacto de Estado insuficiente y sin aplicación real, y un Informe Sombra al GREVIO que suspende rotundamente al Estado español en la lucha contra la violencia de género.
Afortunadamente, este 2018 también estamos viviendo la respuesta social de un movimiento feminista organizado y plural, subversivo, anticapitalista, antirracista, ecologista e internacionalista, que moviliza a millones de mujeres y que está redefiniendo el sentido común de nuestra sociedad. Debemos tener presente la enorme importancia del feminismo en un momento en el que tenemos que dar una dura batalla contra el neoliberalismo, el autoritarismo, la intolerancia y el fascismo, que avanzan internacionalmente. Luchemos desde el feminismo, todas y todos juntos para lograr una sociedad justa, libre de violencias y radicalmente democrática.
Por todo ello, desde Izquierda Unida entendemos que es urgente:
− Que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado en el Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y que se incorporen también los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género.
− Que se ponga en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es inadmisible que después de un año de trabajo en la subcomisión del Congreso tengamos un pacto insuficiente, sin calendario ni presupuestos decentes; que solo a través del decreto 9/2018 del Gobierno del PSOE se hayan puesto en marcha 7 de las 213 medidas, donde el presupuesto desbloqueado para la gestión local no tenga un indicativo de qué objetivos tiene ni cómo debe ser su implantación.
− Que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado la lucha contra la violencia de género con una dotación económica suficiente para implementar las políticas de prevención, asistencia, protección, justicia y reparación, además de un calendario y una evaluación de las mismas donde se incluya también una partida con una nueva Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer.
− Que existan planes estratégicos de igualdad con recursos humanos y materiales, algo que no se da desde 2016 y, cuando existieron, han sido intermitentes y sin los recursos necesarios.
− Que las campañas promovidas desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género tengan una perspectiva feminista. No queremos más campañas orientadas a que las mujeres estemos vigilantes y combatamos actitudes y acciones violentas machistas.
− Que se amplíen los cauces de participación de las organizaciones feministas en el Congreso, Senado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
− Que se mejoren los datos para la sensibilización social, la planificación y evaluación de las políticas de igualdad. Debemos explicar públicamente por qué ha fallado el sistema de protección y cómo debemos abordarlo.
− Que se enseñe educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad sexual e identidad de género en todas las fases educativas.
− Que se desarrollen planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables.
− Que las y los trabajadores sociales, de atención a las víctimas, del teléfono 016 y todo el personal de la Red de Servicios de Violencia de Género dejen de ser puestos externalizados, de gestión indirecta y eventuales, para una red de servicios pública y con empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y asistencia de las víctimas de violencia de género.
− Que se mejore la asistencia social, jurídica y psicológica establecida en el título II de la Ley 1/2004, con financiación, cooperación interinstitucional y sin supeditar las medidas a la denuncia judicial de la víctima.
− Que se desarrollen planes laborales efectivos a víctimas con o sin empleo en todo el territorio español para que las mujeres podamos desarrollar una vida digna.
− Que se debata en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica para la erradicación de la prostitución, presentada por las diputadas de IU.
− Que se desarrollen medidas legislativas efectivas para eliminar la brecha salarial, incluida la de las pensiones.
− Que se desarrolle una Ley Integral para luchar contra la trata de seres humanos que, además de prevenir y perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta ‘esclavitud moderna’, contenga un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, aún sin cuantificar, que es uno de los principales destinos europeos de las migrantes captadas por las redes para ejercer la prostitución.
Por todo ello, desde Izquierda Unida exigimos una estrategia estructural que luche en todos los ámbitos, con recursos económicos y humanos suficientes para que la política no se quede en la firma de documentos institucionales mientras tenemos una realidad inadmisible de violencias y desprotección para las mujeres.
Desde nuestra organización apoyamos las movilizaciones organizadas este 25 de noviembre para reivindicar una sociedad libre de violencia de género.
