Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz parlamentario de Exteriores, Miguel Ángel Bustamante, intenta que el Gobierno de Pedro Sánchez explique cómo es posible que personas que disfrutan de ‘protección internacional’ en nuestro país concedida por el Gobierno, entre ellas ciudadanos opositores al Ejecutivo venezolano, puedan viajar a otros Estados, ser detenidos en estos por la supuesta comisión de delitos y alegar ese estatus de protección otorgada por España para conseguir la puesta en libertad.
Para ello, Bustamante ha planteado al Gobierno español a través de un escrito registrado en el Congreso el caso del opositor venezolano Lorent Saleh, quien según diversas informaciones periodísticas “denunció el pasado día 27 que policías de Colombia le detuvieron y golpearon en un incidente ocurrido en la ciudad fronteriza de Cúcuta, tras el show denominado ‘Venezuela Live Aid’”.
Fue el propio detenido, según dichas informaciones, el que aseguró que había mostrado “su documentación a la policía, explicando que tenía protección internacional otorgada por el Gobierno de España por ser un ‘perseguido político’ en Venezuela”. La detención se habría producido por la comisión de supuestos delitos graves de naturaleza no política.
Miguel Ángel Bustamante subraya que “la protección internacional ofrecida por el Gobierno español significaría que esta persona tiene un estatuto similar al de protección subsidiaria o asilo, de tal forma que en condiciones normales no podría abandonar territorio español”.
De ahí que el parlamentario de IU pregunte en su escrito directamente al Gobierno “¿qué datos tiene sobre este incidente ocurrido en Cúcuta protagonizado por una persona que afirma tener protección internacional otorgada por el Gobierno de España?” y “¿cómo es posible que haya abandonado España una persona que tiene ese tipo de protección concedida por nuestro Gobierno y haga uso de ella para librarse de la detención de las fuerzas de seguridad de terceros países por la comisión de supuestos delitos?”.
En base a estos hechos surge una duda razonable: ¿concedió el gobierno de Mariano Rajoy ese estatus especial a los bolichicos que esquilmaron al pueblo venezolano y que operan en España? ¿Tienen los boliburgueses de Rafael Ramírez protección del Estado? Diario16, tras publicar ciertas informaciones sobre algunos de estos ciudadanos, recibió fuertes presiones del Partido Popular para retirar dichos artículos porque, como pudimos conocer posteriormente a través de fuentes de contrastada solvencia, algunos de esos venezolanos corruptos reclamados por distintos países del mundo estaban colaborando con el gobierno del PP en asuntos referentes a la situación política de Venezuela, es decir, que podrían estar actuando como agentes dobles.
Si esto fuera así, se comprendería la impunidad con la que se mueven en nuestro país, con la que realizan importantes inversiones inmobiliarias o compran empresas y las utilizan para, presuntamente, blanquear el dinero que sacaron ilegalmente de Venezuela y que, según distintas organizaciones internacionales, podrían alcanzar los 40.000 millones de dólares.
