El Gobierno de Pedro Sánchez está avanzando en el análisis de un impuesto a la banca que, según los técnicos de Hacienda, podría tener un impacto positivo en las cuentas del Estado de 2.000 millones de euros con los que paliar el agujero en el Sistema de Pensiones provocado por la reducción de ingresos de la Seguridad Social causada por las políticas de empleo del gobierno de Mariano Rajoy que se basaban en la precarización de las condiciones laborales y, por tanto, salariales. Había que bajar las cifras del paro como fuera y la solución que encontraron fue aceptar la «flexibilización» del mercado laboral propuesto por las distintas patronales que, en lenguaje simple, se tradujo en legalizar la partición de los empleos dignos, con un salario digno, en empleos precarios con un menor coste salarial. Los propios datos oficiales indican la pérdida de millones de horas de trabajo y en el incremento de los beneficios salariales en la misma proporción que el empobrecimiento de la clase trabajadora por la pérdida de poder adquisitivo.
El impuesto a la banca no ha sentado muy bien a las entidades bancarias que han expuesto públicamente su oposición. Sin embargo, el Santander ha ido más allá y ha amenazado veladamente al gobierno con un replanteamiento de su estructura legal si el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobara algún tipo de impuesto que a los ingresos que obtuvieran en el exterior. Nuestro compañero Esteban Cano lleva meses analizando los datos de la entidad cántabra que demuestran que no es tan boyante como quieren vender. Ese replanteamiento de su estructura legal es, en definitiva, una amenaza de trasladar la sede fuera de España. El propio José Antonio Álvarez, cuando fue preguntado por esta posibilidad no la negó, lo que, implica un reconocimiento explícito de que el Santander podría tomar esa decisión en el momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez implementaría dicho impuesto: «Tenemos que tomar decisiones acordes con los datos encima de la mesa, no hay ninguna intención de hacer algo o no, dependiendo de lo que se haga tendremos que tomar las decisiones que convengan».
Por otro lado, los movimientos de presión al nuevo gobierno por parte del Santander ya han comenzado. Ya han vendido más de 8.500 millones de euros de deuda del Estado.
Este es el patriotismo del Santander: lanzar amenazas veladas de traslado de sede fuera de España si se impone un impuesto que permita la sostenibilidad de las pensiones o deshacerse de deuda soberana de nuestro país. ¿Teme la entidad presidida por Ana Patricia Botín que el nuevo gobierno sea más reticente a mantener la protección del Estado? ¿Para el Santander es un peligro para su cuenta de resultados que el Ejecutivo de Sánchez o las nuevas mayorías parlamentarias gobiernen para el pueblo en vez de para las élites financieras? Como se puede comprobar, puro patriotismo.
Estos movimientos con los que amenaza el Santander si se implementan nuevos impuestos que garanticen las pensiones podrían ser catalogados como un presunto intento de «golpe de Estado» financiero, salvo que el Estado continúe con su protección. En el pasado hemos visto cómo se han archivado causas por ocultación de 2.000 millones de euros en Suiza desde el año 1.936 sólo porque el Santander pagó la multa que le puso Hacienda. Los ciudadanos también comprobaron el poder de la entidad cántabra con la creación de la Doctrina Botín para evitar que el difunto anterior presidente entrara en la cárcel por el caso de las cesiones de crédito. Ahora estamos siendo testigos de cómo se está ralentizando demasiado el Caso Banco Popular, algo que los afectados temen que se trate de un nuevo movimiento para que el banco cántabro sea exculpado una vez más.
Sin embargo, a pesar de todo esto, el banco cántabro en vez de ponerse a la vanguardia de la restauración de la protección de los ciudadanos, millones de los cuales son clientes y accionistas suyos, amenaza con irse fuera de España. Todo un ejemplo de patriotismo y de respeto a la democracia.
