En el artículo anterior publicamos las causas principales que están provocando que los máximos accionistas del Santander estén planteándose provocar un cambio en la presidencia de la entidad cántabra. No se trata sólo de una reacción por los resultados cuantitativos, que también lo es, sino que los métodos de actuación aplicados desde que Ana Patricia Botín es su presidenta, unos métodos que van en contra de cualquier ética profesional y que no son las que se esperan de una entidad con el prestigio internacional del Santander.
Los métodos utilizados por parte del Santander para hacerse con el Popular también están muy cuestionados por estos grandes bancos y empresas estadounidenses. El volumen de demandas que ya se están dirigiendo contra la entidad presidida, de momento, por Ana Patricia Botín ha hecho plantearse a estos gigantes del mundo financiero a cuestionarse si lo que, en principio, fue una gran operación, se va a transformar en un verdadero fiasco económico y, sobre todo, de imagen para el propio Santander como para ellos mismos como principales accionistas de la entidad. Hay que recordar que la familia Botín -una familia ¿unida o desunida?- apenas controla un 1,7% tras la última ampliación, mientras que algunos de estos bancos custodios o gestores de cartera tienen en su poder más del 7%. Por más que algunos tuvieran una participación activa en la operación bajista, los errores cometidos por precipitar la intervención pueden llevar a que esa «gran operación» se convierta en el punto de inflexión para la caída de uno de los principales bancos del mundo. La Justicia está a un paso de determinar medidas cautelares si realmente se sigue con rigor el contenido de nuestro sistema legal, medidas que paralizarían cualquier nuevo movimiento de rentabilidad rápida como, por ejemplo, la operación de venta a BlackStone de un 51% de la cartera inmobiliaria del Popular, los bonos de fidelización cuyo coste será asumido por el capital del Popular pero los beneficios recogidos por el Santander, la eliminación de la marca y de la personalidad jurídica del Popular, el pelotazo urbanístico de la actual sede de los servicios comerciales de Santander España tras su traslado a la nueva sede corporativa del Popular o el plan de reestructuración que supondrá la destrucción de más de 7.000 puestos de trabajo.
Todos estos movimientos están en peligro por la actuación de una Justicia que está en la obligación de dictaminar una paralización cautelar de la operación para evitar que los perjudicados lo sean aún más ante el planteamiento de tierra quemada que el Santander pretende plantear ante la Audiencia Nacional para demostrar que la compra del Popular es una operación que no puede paralizarse, por más que con ello se mantenga la ruina para más de 300.000 familias.
En resumen, los máximos accionistas del Santander no están contentos con la gestión que está haciendo Ana Patricia Botín y están dispuestos, según las informaciones recogidas por nuestro corresponsal en Norteamérica, a realizar los movimientos necesarios para que ella misma pruebe de su propia medicina. La protección se ha terminado. Hay demasiado en juego.
