Los asuntos por los que los máximos accionistas del Santander están planteándose la destitución de Ana Patricia Botín y de su equipo de máxima confianza se acumulan. Ha llegado a nuestro conocimiento la documentación por la que una empresa ha denunciado ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Tesoro a Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Matías Rodríguez Inciarte, Ignacio Benjumea y a otros directivos de inferior rango en el organigrama del banco por un presunto delito de administración desleal por el cual se habría estafado una cantidad aproximada a los cincuenta millones de euros a los accionistas del Banco de Santander.
Según el denunciante, los miembros del comité ejecutivo del Santander se aprovecharon de información privilegiada del propio banco y, en un claro conflicto de intereses, se habrían apropiado a título personal de una finca en Mijas para cobrar una expropiación de terrenos que se iba a ejecutar en dicha finca para la construcción de la autovía Málaga-Estepona. De este modo ocultaron presuntamente a los accionistas del Santander la compra de la finca y del consiguiente justiprecio devengado de la expropiación.
Los terrenos se vendieron un día antes de la publicación de la expropiación en el Boletín Oficial del Estado a una sociedad testaférrea que ni siquiera se encontraba inscrita en el Registro Mercantil en el día de la compra. Esta sociedad es Las Vertientes de Calahonda S.L. A pesar de que un tercio de la finca fue justipreciada por el Jurado Provincial de Málaga por más de 20 millones de euros y el mismo tercio fuera valorado por la sociedad testaférrea en más de 30 millones, el precio de la venta de la finca fue de 450.759 euros.
Todo ello fue posible por la utilización de diferentes testaferros españoles y de Liechtenstein, un país catalogado como paraíso fiscal. Los testaferros del principado centroeuropeo, Heinz y Herbert Batliner, fiduciarios y banqueros propietarios del banco VP Bank, han sido investigados, entre otras instituciones, por el BND (servicio secreto alemán), por la Asamblea Nacional de Francia, la DEA o el Senado de los Estados Unidos, por su presunta intervención en la evasión y blanqueo de capitales de narcotraficantes de los cárteles de Medellín y Cali, mafiosos, dictadores como Mobutu o Ferdinand Marcos, banqueros condenados como Mario Conde o los alemanes del Dresdner Bank, además de políticos condenados por corrupción como, por ejemplo, el ex Canciller alemán Helmut Kohl. Entre los testaferros españoles destacan Jaime Queipo de Llano Comyn, abogado fiduciario ligado al grupo Eurofinsa que fue investigado por la Audiencia Nacional por su relación con Gerardo y Víctor Ruiz y Mauricio Toledano, quienes estaban relacionados con presuntos sobornos a miembros del gobierno de Angola y contratos en Panamá. En el pasado, el abuelo de Jaime Queipo de Llano y el de Javier García-Carranza Benjumea fueron grandes amigos. También destaca Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, abogado del propio Santander y de varias empresas del Grupo.
El pasado mes de agosto se denunciaron los hechos ante la CNMV, el Banco de España y la Dirección General del Tesoro. Ninguno de estos organismos, salvo el Banco de España que efectuó actuaciones acordando remitir la denuncia al BCE, han llevado a cabo ninguna actuación ni han contestado a la empresa denunciante acusando recibo de la misma. También se remitió la documentación de la denuncia a todos los directores y a los miembros del comité consultivo de la CNMV y al presidente y secretario general de la AEB. Tampoco se ha recibido respuesta.
Las denuncias y los documentos acreditativos han sido remitidos también a los consejeros independientes del Santander solicitándoles que insten la destitución de los miembros del Consejo denunciados y de los que, en conocimiento de los hechos, no han hecho nada para investigar estos hechos ya que la falta de implicación puede ser interpretado como un modo de dar amparo a hechos presuntamente delictivos. De igual modo, la documentación se ha enviado a BlackRock como máximo accionista del Santander.
Comportamientos tan poco éticos como los denunciados afectan tanto a la imagen del Santander como a la de sus accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios, un hecho que no pueden permitir y, por consiguiente, se están planteando muy seriamente la destitución de la presidenta como de su círculo de confianza, tanto consejeros como altos directivos.
Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (IV)
Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (III)
Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (II)
Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (I)
