La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, está pensando en el Rocío estos días el porqué de la impugnación de las licencias administrativas concedidas por la Junta a los explotadores de los chiringuitos. Javier Toro, de Ciudadanos, había preguntado por ello en el último pleno municipal. La respuesta fue un batiburrillo de cuestiones administrativas y de forma que no dejó satisfecho a nadie.
Para la munícipe fuengiroleña el problema se encuentra en que es el Ayuntamiento el verdadero poseedor de las concesiones y que las cede a los explotadores. Para la Asociación de Empresarios de Playa, como se recoge en Diario Sur, los verdaderos explotadores son ellos mismos. Todos enfadados y la casa sin barrer. El caso es que a día de hoy peligran los chiringuitos del municipio pues desde el PP en el gobierno han decidido impugnar las concesiones una a una.
La nueva Ley de establecimientos costeros ha permitido a la Junta de Andalucía conceder las explotaciones por hasta 30 años. Hasta el momento sólo se podían hacer renovaciones anuales que nunca fueron impugnadas curiosamente. Justo en el momento es que esas concesiones pasan a ser por más tiempo, el Partido Popular decide impugnar las mismas. “A escondidas” además como declaró Toro. “No se puede jugar con el medio de vida de tantas familias fuengiroleñas; si existía algún tipo de problema, no se les ha comunicado con carácter previo” ha dicho el portavoz naranja.
El caso es que por una pelea entre instituciones de distinto color, los empresarios de hostelería playera no saben qué va a suceder con sus negocios. No saben si podrán seguir trabajando, si podrán abrir, si tendrán que cerrar o qué. Desde el Ayuntamiento defienden que la Junta no ha hecho uso del silencio administrativo, que siempre es positivo para el administrado, ni han presentado alegación alguna a la impugnación. Se pretenden de esta formar cargar el peso de la culpa en la propia administración que ha concedido las licencias, no sobre la que las ha impugnado.