Julio Gómez Pomar, a la sazón secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha acudido a la comisión de Fomento del Senado con la intención de explicar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2020 del Gobierno. Un Plan que viene avalado por graves deficiencias presupuestarias, tal y como ha denunciado Pilar Garrido de Podemos. Es un plan, que como denuncian desde la formación morada, “ha experimentado un recorte presupuestario acumulado del 36% desde que gobierna el Partido Popular y de un 70% desde 2007, cuando comenzó la crisis económica”.
No existe posibilidad de llevar a cabo un Plan de vivienda coherente y serio cuando las inversiones en esta materia “poseen treinta veces menos recursos presupuestarios que en países como Francia o Alemania”. La evidencia que muestran los Presupuestos Generales de Estado es que los recortes, que el gobierno oculta, afectan directamente a las materias más sociales. Es más, como han denunciado desde el propio grupo senatorial del Podemos, “muchas partidas quedan sin ejecutar adrede”. Una táctica para bajar el déficit y recortar el Techo de Gasto de las administraciones inferiores.
Garrido también ha reprochado al secretario de Estado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda vuelve a pivotar sobre la idea de fomentar la compra de vivienda y no el alquiler. De esta forma se deja de ofrecer soluciones a la mayoría de jóvenes precarios de nuestro país, los cuales tienen un acuciante problema de vivienda. Asimismo, según la secretaria de Políticas Sociales de Podemos, la ayuda al alquiler que figura en el Plan no supone una solución, por los requisitos que se piden a quienes pueden solicitar esta ayuda y “por las consecuencias inflacionistas que puede acarrear sobre el precio de los alquileres”. El nuevo Plan de Vivienda, tal y como Garrido ha planteado a Gómez-Pomar, tampoco aborda “el fenómeno de la turistización, que está elevando el precio del alquiler en numerosas ciudades, complicando el derecho a una vivienda digna de la ciudadanía y que, además, deja en manos de fondos buitres bloques enteros de viviendas con las que se sigue especulando”.
La senadora por Guipúzcoa ha realizado una propuesta al secretario de Estado, que seguramente rechazará o habrá ya olvidado, según la cual se tendría que cuantificar el número de pisos vacíos existen en España y la situación en la que se encuentran. De esta forma se podría “poner en marcha un Fondo Social de Vivienda, nutrido de las casas vacías que pertenecen a la Banca y a la SAREB (el denominado ‘Banco Malo’ que absorbió los activos tóxicos de la Banca con dinero público), para garantizar así el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de una vivienda digna”.
Respecto a los desahucios, la senadora del Grupo del Cambio ha exigido al secretario de Estado que se comprometa a que no haya ningún desahucio mientras no exista una alternativa habitacional para esas personas que pierden su vivienda. En este sentido, ha reiterado Garrido, el “Fondo Social de Viviendas que reclamamos sería un instrumento útil para garantizar los derechos de nuestra población”.
