Foto: Irene Lingua

Según las nuevas medidas del gobierno conservador de Mariano Rajoy, se va a imponer como única vía de comunicación entre ciudadanía y la Administración General del Estado la comunicación electrónica. Esta propuesta de los conservadores ha sido denunciada frente a las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Sevilla mediante una concentración a la que han acudido Isidoro Calderón, secretario de Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (CGT), Teresa Rodríguez, portavoz de Podemos Andalucía, y Maribel Mora, senadora de Unidos Podemos.

“Internet tiene que ser una opción, no una obligación” es la conclusión a la que llegan ambas organizaciones, las cuales no entienden cómo se pueden vulnerar los derechos más fundamentales de la ciudadanía en su relación con la Administración. Con la Ley 39/2015 que lleva aplicándose cinco meses, el gobierno conservador de Rajoy está derivando todos los servicios de cita previa, gestión de papeles y certificados a internet, dejando, como denuncian desde CGT, a muchos administrados fuera.

Para Calderón “el gobierno no está teniendo en todo este proceso la brecha tecnológica existente en España”. En especial en los medios rurales donde el uso de internet y el acceso a medios electrónicos es menor. Tampoco tienen en cuenta, como denuncia Mora, la situación de precariedad y pobreza de algunas personas que tienen que tramitar alguna ayuda para comer y se le deriva directamente a fórmulas electrónicas, sin conocer si tienen acceso. Algo que en situaciones de pobreza como las que se viven en este país se dan con frecuencia.

“Ellos conocen los datos” afirman desde CGT. Y Calderón va mucho más allá. Según ha contado se encontraron con la ministra Fátima Báñez, a la cual interrogaron sobre la cuestión, negando la mayor la ministra de Trabajo y afirmando que “no compartía las mismas preocupaciones”. Al portavoz de CGT le “parece increíble que el gobierno pretenda imponer un nuevo modelo de Administración electrónica son contar con la realidad y necesidad de las personas”.

Para Teresa Rodríguez la “ciudadanía no puede ser tratada como un robot, ni puede llamar donde le conteste un robot”. Entienden que esta situación supone una limitación de los derechos de ciudadanía, en tanto en cuanto, es la propia ciudadanía la que paga con el IVA, el IRPF o el IBI a la propia Administración. Por ello entiende la dirigente podemita que “tiene que ser un derecho de la ciudadanía la atención presencial”. No como sucede hasta el momento. Por ello, como ha expuesto Maribel Mora, se va a proceder a presentar una modificación de la ley para que se reconocido ese derecho, porque la Ley establece que el administrado debe ser atendido, no cómo debe ser atendido.

“Parece que el gobierno no sabe lo que está pasando con la aplicación de esta Ley. Y si la ministra niega que esté sucediendo lo que sucede, entonces, tenemos un grave problema” ha dicho la senadora de Unidos Podemos. Es más, añade Rodríguez, la atención telefónica tiene que ser gratuita, no mediante un teléfono 901 que supone un coste para ambos lados de la comunicación. Por ello, ha anunciado Mora, se van ha presentar mociones en Congreso y Senado para poder debatir con los demás grupos parlamentarios y encontrar una solución a estos problemas “que parecen fáciles de resolver”.

Desde CGT instan al gobierno a que el proceso de implantación de la Administración electrónica se haga de forma paulatina comparando las necesidades de las personas con la realidad y los avances tecnológicos; que sea obligatoria el mantenimiento de la atención personalizada, y que sean los funcionarios los que informen y hagan los trámites electrónicamente cuando sea así requerido por el ciudadano; compatibilizar la cita previa con la atención inmediata de manera que no se eche a las personas de las oficinas como viene ocurriendo; revertir las líneas de atención a que sean todas gratuitas; suprimir las locuciones automáticas y que sea una persona la que atienda; y poner personal y equipamiento para ayudar a las personas a tramitar cuestiones electrónicas.

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