El secretario general de Podemos y portavoz del grupo en la Asamblea Regional, Oscar Urralburu, ha afirmado que la Orden de Concertación de centros Educativos del Gobierno Regional, establece que se permita la concertación de las etapas no obligatorias en la región, bajo el argumento de una supuesta demanda social, y se hace “sin la creación de un mapa escolar que nos permita medir la oferta e identificar la demanda”.
Así, Urralburu, ha explicado que a día de hoy treinta y un centros privados se han presentado, demandando subvenciones para 106 unidades de Bachillerato, y dieciséis centros para 84 de FP, además de otros ocho grupos para FP Básica, por lo que, de aceptarse estas cifras, «el presupuesto de Educación concertada tendría que aumentar al año un 10%, desde los 220 millones hasta los 240 millones de euros”
Ante esto Urralburu ha preguntado de “dónde va a sacar la consejera de Educación, Adela Martínez Chachá, ese aumento de presupuesto y, por lo tanto, qué recortes piensa aplicar a la enseñanza pública para poder pagar la demanda social”.
Además, ha añadido, esta medida no cuenta con el respaldo de la Comunidad Educativa. «Tanto la CONFAPA, la FAPA, y las asociaciones y sindicatos estudiantiles, así como la Asociación de Cooperativas de Enseñanza de Murcia (UCOERM) ha manifestado que esta medida va a resultar profundamente lesiva para el sistema educativo».
Urralburu también se ha referido al argumento por parte del Gobierno del PP respecto al respeto de “la libertad de elección de centro educativo por parte de los padres”, argumento que ha calificado de “falaz” dado que “responde a una interpretación profundamente ideológica de la legislación vigente, que no tiene en consideración el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos y que pudiera responder a una visión mercantilista de la educación totalmente contraria a los principios generales que deben motivar todo servicio público”.
Podemos apuesta por una Ley para la Regulación de la concertación de Centros Podemos donde se fijen «las mismas condiciones de supervisión y rendición de cuentas para la justificación de las subvenciones provenientes de la concertación educativa, que están establecidas en la Ley de Transparencia y la Ley de Hacienda y de Presupuestos de la CARM”.
Finalmente, Urralburu ha subrayado que su partido «no puede permitir que nadie se enriquezca a cambio de prestar un derecho fundamental: pedimos para los centros concertados lo mismo que pedimos para los centros públicos. El mismo control contable y financiero y la misma rendición de cuentas”.
