El Grupo del Cambio en el Senado, a través de la senadora Sara Vilà, ha solicitado la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores en la Comisión de Cooperación Internacional para que explique la postura del Gobierno respecto al acoso, amenazas e incluso retenciones ilegales que padecen las ONG que realizan labores de salvamento en el Mediterráneo. Sobre sus vacaciones “gratis total” será otro día, en el Parlamento.
Como es conocido Save the Children y Sea Eye han decidido detener sus acciones de rescate ante la tragedia del Mediterráneo, algo que ya había anunciado anteriormente Médicos sin fronteras, debido a la hostilidad del gobierno libio. Un portavoz de la Marina Libia ha comunicado la intención del Gobierno de Trípoli de ampliar su zona de control marítima más allá de los 22 kilómetros de sus aguas territoriales, impidiendo las labores de rescate humanitario. Se da además la circunstancia de que numerosas ONG han denunciado la recurrente actitud hostil de las patrulleras libias, que han llegado a disparar como advertencia contra barcos de rescate y contra buques de la propia Marina Italiana.
¿Por qué estas acciones del gobierno libio? Según denuncia Human Rights Watch: “las fuerzas libias recogen a los inmigrantes, los desembarcan por la fuerza y los llevan a Libia, donde son objeto de graves abusos, entre ellos tortura, violación y trabajos forzados”. Estas graves denuncias han propiciado que Vilà pida la comparecencia de Dastis a fin de explicar “las actuaciones del Gobierno con respecto al asedio, amenazas y retenciones ilegales por parte de los guardacostas libios a las ONG españolas e internacionales”.
“No podemos permitir que se criminalice y persiga la actuación de las ONG, que han salvado miles de vidas en el Mediterráneo y que han dado la respuesta solidaria a la actual crisis humanitaria que los gobiernos de toda Europa no han sido capaces de dar” ha exclamado la senadora de En Comú Podem.
En Libia coexisten actualmente dos gobiernos diferentes que, además de disputarse el poder, reciben fondos europeos para contener a aquellos refugiados que pretenden llegar a Europa. En este sentido, las prácticas de las patrullas libias no difieren demasiado de declaraciones como las formuladas por Fabrice Leggeri, jefe de la agencia fronteriza de la Unión Europea (FRONTEX), que llegó a acusar a las ONG de ser “un servicio de las mafias migratorias”. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior del gobierno español, ya tuvo que disculparse por unas declaraciones similares, cuando estimaba que “hay que concienciar a las ONG de que no favorezcan la inmigración irregular”.
A las prácticas habituales de los guardacostas libios y a las declaraciones de altos responsables europeos hay que sumar la presencia en la zona del buque Defend Europe, financiado por organizaciones fascistas y de extrema derecha, cuya misión declarada es entorpecer las labores de rescate humanitario. Annemarie Loof, directa de operaciones de Médicos Sin Fronteras, ha recordado que “si los barcos humanitarios son expulsados del Mediterráneo, habrá menos naves en el área para rescatar a la gente del ahogamiento”. Se estima que en los últimos cuatro años, como mínimo, más de 13.000 personas han fallecido en el Mediterráneo intentando llegar a Europa.
