Han pasado siete años desde la detención y encarcelamiemto ilegal de los 25 activistas de Gdeim Izik, la protesta que dio pie a las primaveras árabes, tal y como relata Abdelaziz Meftah, fundador del campamento de refugiados saharauis Gdeim Izik creado el 10 de octubre de 2010 con el objetivo de pedir demandas sociales. Meftah no solo fundó este campamento situado a 15 kilómetros de El Aaiún en medio del desierto en territorios saharauis, sino que organizó y coordinó a los 28.000 saharauis que, durante un mes, formaron parte del mismo. Esta superficie, ocupada por Marruecos desde 1976, hizo que el Sáhara Occidental fuese el último territorio de África aún pendiente de descolonización. Por eso, el control y los ataques por parte de los militares marroquíes han sido continuos desde entonces.
El 8 de noviembre del mismo año, este campamento fue desmantelado de manera brutal por el Ejército Marroquí y la Policía. Durante los disturbios murieron cinco saharauis. Algunos de ellos eran menores de edad. Durante el desmantelamiento también murieron 11 miembros de las Fuerzas de Seguridad Magrebí de los que no existen ni cuerpos ni certificados de defunción.
El pasado 13 de marzo comenzó en Marruecos el proceso judicial a los activistas saharauis de Gdeim Izik. El juicio sufrió una serie de aplazamientos inexplicables, después de que la primera sentencia contra los 25 de Gdeim Izik fuera anulada por haber sido dictada por un tribunal militar. Celebrado esta vez en un tribunal civil, el juicio ha carecido de garantías de sujeción al derecho internacional ya que los hechos se produjeron fuera de Marruecos. La extraterritorialidad con la que se celebra el juicio es motivo suficiente para que este sea inválido.
También se ha tratado de un juicio opaco en el que el único sustento probatorio ha sido un video aéreo en el que resulta imposible reconocer a los hoy condenados, y en el que tampoco se presentaron pruebas dactiloscópicas, ni ADN, ni detalles de dónde se encontró a los procesados. Pese a que los abogados defensores reiteraron que no podía considerarse una prueba válida, el vídeo fue utilizado por el juez y el fiscal como prueba incriminatoria pese a no haber sido sometido a peritaje alguno.
A pesar de que cuatro organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, firmaron el jueves un comunicado pidiendo la libertad de estos presos o bien, un nuevo juicio con un juzgado civil y a pesar de que un grupo de parlamentarios marroquíes del Partido islamista Justicia y Desarrollo (PJD) solicitaron mediante misiva al rey Mohamed VI que indultase a estos presos políticos saharauis, los 25 acusados han sido condenados.
Además, las autoridades marroquíes pusieron trabas desde el inicio a las organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Africana, y llegaron a deportar al juez asturiano Jesús Martín a su llegada al Aeropuerto de Rabat, donde se había desplazado para acudir al juicio. Es más, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas emitió una decisión en la que acusa a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, al respecto del interrogatorio al que fueron sometidos los acusados.
Por todo lo expuesto, Vanessa Angustia, senadora del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, ha registrado una serie preguntas en la Cámara Alta para determinar la responsabilidad e implicación del gobierno en los acontecimientos relatados.
