María Giménez ha asegurado que la Proposición de Ley por la que el Partido Popular pretende que las competencias de costas sean asumidas por la CARM es el trámite necesario para que el PP “elimine cualquier obstáculo en su afán por enladrillar la costa murciana. Los especuladores del suelo ya se frotan las manos ante lo que va a suponer la esquilmación de nuestros recursos naturales”. De hecho, ha añadido, si no hubiera existido el control estatal “que ahora se quiere eliminar, proyectos que han sido declarados ilegales, como Marina de Cope o Puerto Mayor, estarían ya construidos”.
Giménez ha señalado que la tramitación la próxima semana de esta Proposición de Ley está diseñada por el PP y su “mascota, Ciudadanos” para que los creadores de la burbuja inmobiliaria y los especuladores “puedan enriquecerse con nuestra costa”.
Según la formación morada, la propuesta del Partido Popular “aparte de ser técnicamente incorrecta, no tiene justificación alguna más allá de la satisfacción del deseo especulador del Partido Popular”. María Giménez ha incidido en que el hecho de que se haya planteado con urgencia, a término fijo, y sin enmiendas “es un trágala para el que se apoyan, una vez más, en su fiel muleta, Ciudadanos, impidiendo que el resto de grupos parlamentarios puedan hacer aportaciones”.
La parlamentaria murciana ha asegurado que la modificación supone la eliminación de cualquier capacidad de control por parte del Estado en cuanto a las actuaciones que se realizan en la zona litoral, incluido el dominio público. Es importante, ha dicho María Giménez, “que, si no hubiera existido el control estatal que ahora se quiere eliminar, proyectos que han sido declarados ilegales, como Marina de Cope o Puerto Mayor, estarían ya construidos, lo que habría supuesto un daño irreparable al litoral mediterráneo”.
La diputada de Podemos ha explicado que “el PP ha demostrado con creces que es un pésimo gestor del litoral, y nos parece un tremendo riesgo poner en sus manos el control absoluto sobre un espacio tan preciado. Intentar parcelar el dominio público marítimo terrestre resulta contrario a la gestión integral y uniforme del litoral”.
